Diez reformas, con la prioridad de la lucha contra el desempleo y la calidad educación, y sostenidas en la máxima de decir la verdad sobre la crudeza de los tiempos que se avecinan, son los compromisos con los que el candidato popular a la presidencia de la Junta, Javier Arenas, construyó ayer el que bien podría ser su discurso de investidura si el 25-M logra hacerse con el Gobierno andaluz, tal y como vaticinan las encuestas. Ese decálogo guiaría la acción de un "gobierno del cambio", en el que no tendría cabida "ni el rencor ni el resentimiento ni la revancha" sobre los que antes han ostentando durante 30 años el poder, y eso, pese a las dudas que en el PP se tienen sobre la herencia de las cuentas que puede recibir y las facturas sin pagar en los cajones que se puede encontrar.

Con 1,2 millones de parados, y ante la amplia representación empresarial que asistió ayer a su conferencia-coloquio Propuestas para Andalucía, organizada por la Fundación Antares Foro en Sevilla, Arenas tuvo claro cómo dirigir su mensaje. Aparte de hacerles partícipes de un "gran pacto por el empleo" con sindicatos, ayuntamientos y diputaciones, y los partidos con representación parlamentaria, planteó varias estrategias. El peso de las pymes, que hoy por hoy representan el 99% del tejido empresarial y absorben el 80% del empleo en Andalucía -según el último informe del Ministerio de Industria-, es tal que estas no pueden verse forzadas al cierre por el impago de las administraciones, de ahí que anunciara un calendario de pago "cierto". Tampoco la burocracia puede ser un obstáculo para los emprendedores y, para dar respuesta a una vieja demanda de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), planteó la concesión de una licencia exprés que permita la constitución de una empresa en un plazo de 24 horas. El otro punto débil es la falta de financiación, por lo que el PP-A tiene marcado como reto impulsar de la mano del Gobierno de la nación una modificación del sistema financiero para que fluya de nuevo el crédito. Y para abrir puertas al exterior: un Plan Concentra que propicie la unión empresarial para que las pymes den un salto a los mercados internacionales.

En lo que el PP no está por la labor de caer es en aquel modelo de economía sostenible que han preconizado los gobiernos del PSOE en Madrid y Sevilla. Arenas pintó un escenario en el que la inversión en I+D+i esté en aquellos sectores en los que los andaluces son líderes. Y la primera receta es que, "sin complejos", se apueste por la industria agroalimentaria y el turismo, es decir, elementos que hagan que la "calidad de vida" sea fuente de crecimiento económico y de empleo y que Andalucía no renuncie a ser la "mejor zona residencial de la UE". Este guiño al sector de la construcción que, según Arenas, ha acabado por ser menospreciado cuando aún es y puede ser competitivo, lo acompañó de otra reforma: la de la ordenación del territorio. Ésta pasaría por la derogación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), en el que vio un lastre en el que el medio ambiente ha ganado espacio al urbanismo, cuando son compatibles.

La orientación empresarial de su discurso también llegó a la reforma educativa. Trasladar el "espíritu emprendedor" al sistema educativo y así cambiar ese 34,9% de jóvenes que considera que la mejor forma para acceder al mundo laboral sería ser funcionario, o ese 34,6% que se decanta por ser asalariado en una empresa privada, sería uno de los objetivos, junto a la necesidad de potenciar la Formación Profesional como un posible yacimiento de futuros empresarios.

Junto a las reformas sanitaria, un pacto de la justicia, la reforma fiscal - que, por ahora, se reduce a la progresiva desaparición del impuesto de sucesiones y donaciones, como se ha hecho en otras comunidades-, y la regeneración democrática -limitación por ley de los mandatos presidenciales a ocho años y de las elecciones separadas- la otra piedra angular de este decálogo es la reforma de la Administración. Con la austeridad por bandera, esta pasará por la reducción del organigrama de la Junta a 10 ó 11 consejerías, habrá un plan de recorte del gasto corriente salvo para educación, sanidad y políticas sociales, que son intocables, y se reducirá el entramado empresarial público paralelo a la administración. Esto se acompañará de un fortalecimiento del papel de los funcionarios -se derogarán los decretos de reordenación del sector público-, que estarán al frente de la direcciones generales y secretarías generales técnicas, y no se moverá un euro sin su previa autorización.

Este decálogo no es la primera vez que Arenas lo pronuncia. En un formato parecido, lo presentó en el último debate con el que se cerró la legislatura en el Parlamento. Fue el pasado 25 de enero. Tras su intervención, fue el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien lo definió de un discurso de investidura y del que aseguró que le producía ternura después de esos tres intentos de Arenas de ocupar el Palacio de San Telmo.