La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha reabierto la investigación sobre cuatro ayudas de la formación concedidas a la empresa Aulacen Cinco, vinculadas al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, por lo que el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana acaba de dictar un auto en el que ha acordado la reapertura de la investigación y la práctica de una serie de diligencias, entre ellas el encargo de un informe pericial a la Intervención, y la extensión de la imputación sobre estas subvenciones al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y a los ex director generales de Formación Juan Manuel Fuentes Doblado, María José Lara González y Manuel Brenes Rivas.

La Audiencia de Sevilla acordó, en un auto dictado en diciembre pasado, la reapertura de la investigación de estas ayudas y confirmó además la decisión de la anterior instructora, María Núñez Bolaños de inhibirse en favor de los juzgados de Córdoba en relación con otras nueve subvenciones concedidas por la delegación provincial de Empleo.

Estas cuatro subvenciones fueron concedidas por la Dirección General de Formación a la empresa Aulacen Cinco S. L. por importes de 82.593 euros, 41.296,5 euros, 41.296,5 euros y 28.752,30 euros, respectivamente, entre los años 2006 y 2009. Y tras la decisión de la Audiencia, el juez Vilaplana ha precisado en el auto dictado dictado el pasado 29 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, que el objeto de esta investigación son delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la "presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a Formación para el Empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la entidad Aulacen Cinco, vinculada con el investigado Rafael Velasco".

Aulacen Cinco, prosigue el juez, habría recibido "de manera irregular" esas subvenciones, por lo que el instructor considera necesario encargar un informe pericial a la Intervención General de la Junta deAndalucía (IGJA). Vilaplana considera necesario, en concreto, la práctica de una "diligencia técnico-pericial que permita verificar y contrastar la concurrencia de los presupuestos típicos necesarios para entender concurrente –aún de forma indiciaria- la comisión de los hechos delictivos por los que se procede".

Un informe técnico en el que "a la vista de los hechos denunciados, Informes recabados y pesquisas realizadas por la Unidad Policial encargada de la investigación, así como de la documental aportada se analicen las presuntas irregularidades que se hayan podido producir en la concesión, obtención, pago, ejecución y justificación de las subvenciones antes relacionadas, concedidas por el SAE a Aulacen Cinco en el periodo 2006 a 2009, en relación a la disciplina administrativa, económica y financiera que a tal efecto habría de ser observada, incluyendo, además, la verificación y valoración de los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado al Patrimonio Público Autonómico", añade Vilaplana.

De otro lado, el juez ha requerido igualmente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que recabe determina información sobre las ayudas a la Consejería de Empleo, así como la situación de los expedientes de subvención de Aulacen Cinco y sobre si se ha iniciado aún procedimiento de "reintegro o revisión" de las subvenciones. También solicita a los investigadores que requieran copias de las órdenes en las que se aprueban las bases de la convocatoria de estas subvenciones.

El auto acuerda asimismo informar expresamente a las defensas del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y de los ex directores generales de Formación mencionados sobre la "extensión de su investigación en la presente causa".

En la misma resolución, Vilaplana ha declarado que el plazo de instrucción de esta presente causa, que se inició en 2016 (se trata de las diligencias previas 75/2016) finaliza el 28 de diciembre de 2021, "sin perjuicio de las prórrogas o ampliaciones que pudieran acordarse al amparo del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija los plazos de la instrucción.