Andalucía

El Ayuntamiento de Granada recurre ante el Constitucional la Ley de Aguas

  • La intromisión municipal y el incremento de un euro en la factura motivan el recurso

El Ayuntamiento de Granada ha estrenado entre las capitales populares la directriz marcada por la formación regional del PP para pedir ante el Tribunal Constitucional que anule la Ley de Aguas aprobada hace tres meses en el Parlamento andaluz. El Consistorio granadino lo hizo ayer en la celebración de un pleno extraordinario con los 15 votos del equipo de gobierno del PP y la oposición de los 11 concejales que PSOE e IU, que consideran este pleno y la propuesta como una maniobra del equipo de Gobierno.

"Una cortina de humo para eludir problemas que sí necesitarían plenos de urgencia", reprochó la portavoz socialista, Carmen García-Raya. La cuestión es que la moción faculta al alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, para iniciar "cuantas actuaciones judiciales procedan para instar a la nulidad" de esta ley que el equipo de Gobierno considera "intervencionista" e "inconstitucional". Durante su intervención, el concejal de Presidencia, Sebastián Pérez, arremetió contra el carácter de la nueva normativa porque, según destacó, "quita responsabilidades de la autonomía local y convierte a los ayuntamientos en recaudadores", un asunto sobre el que se mostró en "absoluto desacuerdo".

También enmarcó la iniciativa en que el nuevo canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de depuración incluye el incremento de una cuota fija de un euro en la factura.

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