La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha decidido declarar causa de "especial complejidad" la instrucción de otras tres piezas separadas de los cursos de formación, las relacionadas con los consorcios de formación Ciomijas, CTI y Forman, lo que implica que estas investigaciones podrán prorrogarse otros 18 meses al tratarse de piezas que exigen el examen de abundante documentación y no limitarse a los seis meses que se establece como plazo general para llevar a cabo una instrucción en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En febrero pasado, Bolaños tomó la misma decisión con respecto a la pieza de los directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con lo que ya se ha declarado la complejidad de cuatro de los nueve bloques en los que se ha dividido la macrocausa de los cursos de formación.

La decisión de la juez se ha producido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por ahora quedaría por declarar la complejidad de la investigación del consorcio Formades, de la pieza que afecta a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y las vinculadas con los grupos de empresas del ex consejero Ángel Ojeda, del empresario José María Pérez González y de Rafael Velasco Sierra, ex vicesecretario general del PSOE-A.

En un escrito fechado el 9 de diciembre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción pidió la declaración de complejidad porque entiende que la causa de los cursos reúne los requisitos que establece el nuevo artículo 324 de la Lecrim. El fiscal recordaba que, según la ley, se considerará que la investigación es compleja cuando "recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a una gran cantidad de investigados o víctimas; y exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis; implique la realización de actuaciones en el extranjero; precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas; o se trate de un delito de terrorismo".

A tenor de estos elementos, la Fiscalía concluye que la investigación de los cursos de formación presenta "todos los requisitos para su declaración de especial complejidad, en especial los cuatro primeros apartados y particularmente el quinto, ya que la misma se refiere a la revisión de la gestión de la entidad, lo que implica una labor revisora y de análisis especialmente complejo".

El 23 de diciembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó la separación de la investigación de los cursos de formación en nueve grandes bloques de piezas separadas. La instructora consideró que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda no debía separarse de la investigación realizada por las ayudas a Delphi, y a la instrucción sobre la  actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal.