El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente disciplinario por desatención y retraso injustificado y reiterado en el despacho de asuntos al ex titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, Francisco Ramírez Herves, encargado desde diciembre de 2007 del Juzgado específico de Violencia Contra la Mujer.

Fuentes del CGPJ confirmaron a este diario que la Comisión Disciplinaria ha calificado la actuación del juez como de "falta muy grave". Tras la decisión de incoar expediente, el Consejo designará un instructor que se encargará de recabar información tanto directamente con Ramírez Herves como por otros cauces, incluido el órgano judicial al que estuvo al frente en el que supuestamente se produjeron los retrasos.

El expediente nada tiene que ver con el trabajo que el juez viene desarrollando desde hace diez meses en el juzgado específico de Violencia contra la Mujer. Hasta entonces, desde la entrada en vigor de la Ley Integral de Violencia de Género, cuando se crearon los primeros órganos específicos, el Juzgado de Instrucción número 4 asumió en el partido judicial de Huelva (a partir de junio de 2005) las competencias en la materia y, al igual que ocurrió en otros partidos judiciales, estos juzgados se vieron desbordados por sumar a la carga habitual, las causas de violencia machista.

La resolución de la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial, reunida el pasado martes, llega dos semanas después de que miembros del Servicio de Inspección desembarcaran en Huelva para hablar con el juez y iniciar una supervisión de la actividad que desarrollaba en el referido juzgado.

Ramírez Herves ha llevado no sólo algunos conocidos asuntos de violencia machista sino importantes causas de transcendencia no sólo provincial. Entre otros asuntos, el Juzgado de Instrucción número 4 investiga el sabotaje a la televisión municipal de Gibraleón en los días previos a que se presentara una moción de censura, investigación por la que está imputado un cargo político de este municipio, el ex secretario local del PSOE, Juan Antonio Salas. Este órgano instruye además el escándalo que saltó en la Oficina de Extranjería en septiembre de 2006, por la supuesta venta de papeles a inmigrantes a cambio de favores sexuales en los casos de mujeres, causa por la que fueron detenidos un funcionario de la referida Oficina, un agente de la Policía Nacional y dos ciudadanas de origen chino.

El CGPJ abrió una información previa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte cuando Ramírez Herves estaba de titular, a raíz de una queja de un particular por un proceso que seguía con el ex alcalde de Lepe, José Oria, por una supuesta dilación en la tramitación de las diligencias. El Poder Judicial acordó entonces el archivo.