Foro Joly

Caamaño: "Pedir la cadena perpetua es olvidar lo mucho que costó conquistar la libertad"

  • El ministro de Justicia no eludió el debate político en una intervención en la que glosó la necesidad de reformar varios aspectos de la Administración.

Entre la defensa y la necesidad de reforma del Código Penal se movió la intervención del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien a lo largo de media hora pasó de defensor de la política económica del Gobierno a establecer un diagnóstico de las necesidades de revisar buena parte de las políticas sobre las que se articula la Administración de Justicia en España. "Los españoles estamos demasiado acostumbrados a ir a los juzgados", o "preferiría que me condenaran a cadena perpetua o a condena permanente revisable a que lo hagan con el Código Penal actual" fueron dos de las afirmaciones más destacadas de su ponencia Justicia y responsabilidad en el Foro Joly celebrado en Almería.

Caamaño hizo también hincapié en la petición de ayuda a los distintos estamentos de la carrera judicial para proceder a cambiar los procedimientos e incluso las mismas concepciones del sistema, y también en el rechazo contundente al populismo como arma política de rechazo a todo lo que signifique una evolución en dichos conceptos.

El ministro se aprestó a defender la política económica en plena crisis, algo que obliga a entrar en un "tiempo de acción, de transformación, de adaptación con la mente puesta en la creación de empleo". Para ello se aprobó el trámite parlamentario que deberá llevar a la puesta en marcha de la Ley de Economía Sostenible que también posee un componente de "estabilidad de un déficit público que, aun siendo alto, es menor que el de otros países de nuestro entorno".

Sin abandonar el prisma económico defendió la propuesta de reformar los mecanismos de constitución de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, la mayoría de las que se forman en España y para las que "serán necesarios cinco días y 250 euros como máximo", y en los casos donde el capital social sea superior a los 30.000 euros. Por si no quedaba claro, "esta medida supondrá un crecimiento de 0,77 puntos en el PIB y el ahorro de 8.000 millones de euros en diez años".

En un intento de "evitar el cortoplacismo" y de arbitrar medidas eficaces "en tiempos de responsabilidad" pidió un "compromiso del Consejo General del Poder Judicial, fiscales y comunidades autónomas con competencias transferidas" para modificar incluso la misma concepción de los juzgados: "Hasta ahora era un juez, un secretario y siete u ocho funcionarios que funcionaban como un ente autónomo". El horizonte estará marcado por "una unidad de apoyo que tendrá competencias en materia de comunicación y ejecución y que dará servicio a varios juzgados y, con el apoyo de medios tecnológicos, podrá permitir que el juez esté únicamente para juzgar".

Las referencias a la necesidad de intentar aunar los mayores esfuerzos de todos los estamentos tanto profesionales como políticos en aras de lograr la mayor agilidad posible en el sistema judicial fueron constantes, algunas cargadas de intencionalidad política.

Donde no escondió sus preferencias fue en el apartado con el que cerró su intervención, que se centró en el reabierto debate sobre la posibilidad de instaurar en España la cadena perpetua, algo que, aseguró, "supone olvidar lo mucho que hemos sufrido para conquistar la libertad".

Fue algo "expresamente prohibido en el artículo 25 de la Constitución", sustituido por una "curiosa forma de solventar los problemas legislativos" como es "llamarla "prisión permanente revisable". De nuevo Caamaño se aferró a su faceta de catedrático de Derecho Constitucional para explicar lo que, según él, es un error: "Con el Código Penal actual, hay 360 españoles que cumplen la mayor condena posible, es decir, 30 años de prisión. Si yo fuese condenado, preferiría que lo hicieran a cadena perpetua, ya que del otro modo cumpliría hasta el último de los 30 años; si me revisan la condena cada 15 años, por ejemplo, sé que tendría alguna posibilidad de salir en libertad. Ahora no hay ninguna".

El debate fue zanjado con otro ejemplo: "En países con prisión permanente como en Francia el cumplimiento de condena de media es de 23 años; en Alemania de 19 años". Se trata de un debate "que no pide la sociedad".

El colofón abundó en este detalle: "Hay que tener en cuenta que todos podemos ser objeto de una denuncia falsa o de un testimonio que nos perjudique; es entonces cuando quisiéramos que el sistema procesal nos protegiera".

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