Apenas una hora después de que se conociese que el Tribunal Supremo los iba a seguir investigando por el caso de los ERE, el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y los ex consejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera presentaron su dimisión como diputados en el Congreso. El número dos del PSOE, César Luena, fue el encargado de anunciar que los tres cargos habían trasladado a la dirección socialista que dejaban sus escaños y perdían, por tanto, su aforamiento. "No ha habido que pedírselo", subrayó Luena. El cuarto de los implicados, el ex presidente José Antonio Griñán, ya había renunciado a su acta de senador hace una semana. De este modo, ninguno de los señalados por el alto tribunal ocupan cargos públicos y ni el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ni la presidenta de la Junta, Susana Díaz, han tenido que esperar. Ambos dirigentes se habían comprometido ante la opinión pública a que ninguno de los aforados seguirían en sus escaños si el Supremo los mantenía como imputados. El juez instructor del caso, Jorge Alberto Barreiro, ha solicitado a la sala segunda de este tribunal que tramite ante el Congreso el suplicatorio para investigar a Chaves y Zarrías ante los indicios encontrados  sobre un delito de prevaricación administrativa, tipo que también percibe en Viera, aunque en el caso de éste lo agrava con la malversación de fondos. Griñán será investigado también por prevaricación, aunque no ha sido necesario solicitar el suplicatorio porque ya había dimitido como senador. El caso de la ex senadora Mar Moreno queda archivado, ya que por su condición de consejera de la Presidencia en la última etapa de Griñán no tuvo conocimiento de cómo se diseñó el sistema de los ERE ni participó en ninguna de las ayudas que el juez censuró de modo contundente en la exposición razonada que se conoció ayer.

La actuación del juez del Supremo supone un varapalo sin precedentes a la gestión de la Junta de Andalucía. Manuel Chaves, que fue presidente de la Junta entre 1990 y 2009, y José Antonio Griñán, que le siguió hasta 2013, también fueron presidentes del PSOE federal y ambos pasaron por los gobiernos de Felipe González, de ahí que se trate de dos dirigentes con un importante pasado en la política andaluza y en la española. Además, el  juez también señala a Gaspar Zarrías, que fue el consejero de Presidencia a lo largo de la última mitad del mandato de Chaves, y a José Antonio Viera, ex consejero de Empleo.  Después de las dimisiones, los cuatro han perdido el aforamiento por lo que la sala segunda decidirá ahora si los sigue investigando o si devuelve el caso al juzgado número seis de Sevilla, de la que ha sido titular hasta la semana pasada la juez Mercedes Alaya. Esto último es lo más probable y, en principio, Alaya debería seguir con la instrucción porque se ha quedado como juez de apoyo para el caso de los ERE.

Fue ella quien inició las investigaciones hace cuatro años. De los cargos que ha imputado, ninguno mantiene un puesto público y sólo quedaban los aforados ante el Supremo. Manuel Chaves era diputado por Cádiz; Zarrías, por Jaén, y Viera, por Sevilla, mientras que Griñán ha sido senador por elección del Parlamento andaluz. En noviembre pasado, Susana Díaz anunció que solicitaría las actas de aquéllos que fuesen imputados por el Supremo. Ante la apertura de las investigaciones, la ex presidenta esperó a una imputación en firme con delitos concretos, lo que sucedió ayer. El pacto de investidura que firmó con Ciudadanos la obligaba a apartar del cargo a cualquier militante imputado. Tenía, pues, un doble compromiso. Ferraz había acordado con los diputados que su dimisión se sustanciaría de modo inmediato, como así ha sido, a pesar de que el código ético del PSOE no les obligaba a ello. La norma de los socialistas explicita que los cargos a los que se les abra juicio oral deben dejar los puestos. Con Griñán y Chaves, este partido ha ido mucho más allá.

Tanto para Pedro Sánchez, que se encuentra a las puertas de la campaña de las elecciones generales, como para Susana Díaz, cuya mayoría parlamentaria pende de un acuerdo con Ciudadanos, el mantenimiento en sus cargos de estas personas hubiese sido una barrera muy difícil de franquear. Una fuente de Ferraz explicó por la mañana que "Pedro los echa si no se van".

Ciudadanos mostró su satisfacción por estas dimisiones inmediatas, lo que no compromete el futuro de Susana Díaz como presidenta. La dirigente andaluza no quiso expresar ayer ninguna opinión, y se remitió a una declaración que realizará esta mañana. En realidad, los aforados debían presentar su dimisión ante la dirección nacional, puesto que ocupan escaños en  el Congreso.

La juez Mercedes Alaya comenzó la investigación de los ERE en marzo de 2011 a raíz de una denuncia del ex alcalde Juan Ignacio Zoido sobre irregularidades en Mercasevilla. En septiembre de 2012, después de imputar a varios ex consejeros, promovió la investigación de los ex presidentes y envió el caso al Supremo el 19 de diciembre de ese mismo año debido a su condición de aforados. Fue en febrero de 2015 cuando el instructor del alto tribunal, Jorge Alberto Barreiro, citó a los ex presidentes y a los ex consejeros. Ahora, el Supremo enviará el caso a Sevilla cuando se confirmen las dimisiones.