El Consejo de Gobierno materializará hoy lo que ha venido anunciando desde que el Ejecutivo central iniciara el proceso de la llamada reforma local, o lo que es lo mismo: la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Ésta constituirá el enésimo encontronazo entre ambas administraciones, de nuevo en el Tribunal Constitucional. Porque el Gobierno que preside Susana Díaz dará luz verde en su reunión de hoy al recurso de inconstitucionalidad contra esta norma diseñada por el equipo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

De esta manera, la Junta da cuerpo a las palabras de Díaz, que días atrás manifestó que su Ejecutivo va a "combatir con todas las herramientas" que tiene a su alcance esta "contrarreforma" impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que, en su opinión, no sólo es "injusta" sino que "atenta contra la igualdad de los ciudadanos" en función de donde vivan. "La vamos a parar desde todos los frentes", aseguró la presidenta andaluza, quien recordó su compromiso de ser "la presidenta de todos los alcaldes de Andalucía y de defender a los ayuntamientos con todos los instrumentos que tiene a su disposición el Gobierno de la Junta".

En esa línea tuvo lugar ayer en Sevilla el Consejo de Concertación Local, que pedirá una reunión a Montoro en la que acordar una interpretación entre ambos gobiernos sobre la reforma local y una moratoria mientras que el Tribunal Constitucional (TC) dirime el conflicto de competencias.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, presidió la reunión del Consejo Andaluz de Concertación Local, órgano consultivo de colaboración institucional entre las entidades locales y la Junta, reiterando la necesidad de seguir en la defensa de la competencia de Andalucía en materia de municipalismo. El Consejo aboga por seguir el camino de la descentralización política y administrativa en el ámbito local y situar la administración local como un elemento fundamental de la vertebración social y territorial de la comunidad autónoma.

Para este organismo, la ley del Gobierno central es muy "lesiva" para los intereses de la administración local y los servicios fundamentales a los que los vecinos y vecinas tienen derecho. Valderas destacó en la reunión del consejo "que cuando hay conflictos de competencias entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, el único órgano que puede dirimir es el Tribuna Constitucional. Estamos ante un claro conflicto de invasión de competencias frente a nuestro Estatuto y este tiene que prevalecer sobre la ley aprobada por el Gobierno de Rajoy", subrayó el viceopresidente.