Un par de segundos dedicó este martes la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, a la crisis en el seno del Gobierno andaluz a cuenta de los realojos de familias de la Corrala Utopía que hace unas semanas estuvo a punto de tumbar el acuerdo entre PSOE e IU en la Junta, como admitió la propia presidenta, Susana Díaz. Cortés compareció en el Parlamento para dar la explicación oficial del Gobierno andaluz sobre este caso y tras un exhaustivo relato ideológico y propagandístico y la censura al papel de las instituciones del PP aludió a las "discrepancias" surgidas en el Gobierno y "que quedaron resueltas con la publicación de un BOJA extraordinario el 12 de abril". Cortés se refería así a la derogación del decreto firmado por la presidenta Susana Díaz sólo 24 horas antes por el que retiró las competencias de adjudicación de viviendas y de realojos al departamento que dirige la consejera de IU.

El relato de los hechos de Cortés caminó con detalle por los dos años de conflicto y soluciones fallidas tras la ocupación de estas personas de un inmueble propiedad de Ibercaja. Al final pasó por la orden de desahucio del domingo 6 de abril y la acampada de estas personas frente a la Plaza Nueva de Sevilla durante tres días hasta que el miércoles por la noche Fomento les proporcionó las llaves de ocho viviendas públicas para un realojo "transitorio y urgente" y en cumplimiento de un mandato judicial que exigía proteger a las familias con menores y en riesgo de exclusión social.

De ahí Cortés saltó al momento actual, con la exigencia al Ayuntamiento de Sevilla para que valore a las 17 familias que quedan en el proceso. Cortés saltó por encima de la primera desautorización de la Presidencia antes de la noche del miércoles y sobre todo del jueves y viernes en el que PSOE e IU negociaron en jornadas maratonianas el mantenimiento del pacto de Gobierno y que ella misma presenció tras el regreso de un viaje a Sudamérica. Cortés aludió al comunicado oficial del portavoz y zanjó: "Hay que cuidar de este Gobierno".

La batalla partidista devoró cualquier explicación. Cada grupo político ha tenido un papel en este conflicto, a veces tan paradójico como la unión entre PP y PSOE en la supuesta ilegalidad de la actuación de Fomento, que los socialistas borraron de su argumentario cuando se leyeron las leyes, aunque la presidenta aún lo mantiene con la defensa obvia "de la legalidad y la igualdad".

El PP, que durante la polémica siempre llegó tarde, anunció que planteará una comisión de investigación, petición que ya adelantó UPyD. El PP pidió que interviniera Díaz, que se ausentó en el debate. El alcalde de Sevilla y diputado, Juan Ignacio Zoido, asistió, pero desde su relevo ya no interviene. Su sustituto, Carlos Rojas, defendió la tesis de su partido sobre la ilegalidad de esa actuación y llegó a acusar a Cortés de incumplir el mandato constitucional de los diputados. Rojas sin embargo no aludió a las leyes que Fomento incumplió con los realojos, una facultad para la que tiene competencia por las normas de vivienda de 2005 y de 2010 y por la creación de los registros de demandantes que permiten realojos "sin concurrencia previa".

Desorientado el PP, Rojas defendió la actuación del Ayuntamiento de Sevilla para "mantener la legalidad" y reprodujo otro de los errores de este conflicto: la confusión intencionada entre los realojos y la adjudicación de una vivienda protegida, procedimientos opuestos.

El diputado del PSOE Enrique Benítez Palma prefirió hablar de los datos del paro y pasar de largo por la crisis de Gobierno. Cortés incluso le aplaudió en su turno de réplica: "Ha hecho un discurso perfecto", le dijo al socialista.