Las prestaciones económicas concedidas por la Junta de Andalucía a las familias en situación de emergencia social que han agotado todas las prestaciones, conocidas como Ingreso Mínimo de Solidaridad o Salario Social, han crecido en el primer semestre del presente año 2010 un 32% con respecto al mismo periodo del año pasado a raíz de las dificultades surgidas como consecuencia de la crisis económica.

Así, según indicó la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, hasta junio de 2010, la Junta había recibido un total de 24.000 solicitudes para percibir esta ayuda económica, lo que representa un 16% más que en el mismo periodo del año pasado.

De enero a junio, la Junta ha respondido favorablemente a estas peticiones a 18.217 unidades familiares, un 32% más que en 2009, año en que la demanda del Salario Social ya creció significativamente con respecto al anterior, tanto que la Administración tuvo que ampliar el presupuesto destinado a la concesión de esta ayuda en un par de ocasiones el pasado año, pasando de los 38,9 millones de euros consignados inicialmente hasta los 64 millones de euros.

En este sentido, Navarro explicó que, por el momento, no se prevé que sea necesaria una nueva ampliación de este crédito, ya que de los 64 millones consignados inicialmente, sólo se ha ejecutado el 65%.

Asimismo, llamó la atención sobre el hecho de que el porcentaje de las prestaciones concedidas es mayor que el de las peticiones realizadas, explicando que "si bien hay más familias que reúnen los requisitos para poder acceder a esta ayuda, el número de solicitudes se ha estabilizado gracias a la ayuda de los 420 euros y los repuntes en la creación de empleo en la comunidad".

El Ingreso Mínimo de Solidaridad o Salario Social, que se abona con una duración máxima de seis meses, consiste en una prestación económica mensual del 62% del salario mínimo interprofesional vigente -368,88 euros este año- y 49,92 euros por cada miembro extra de la unidad familiar hasta un máximo equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional .

Está dirigido a las unidades familiares estén constituidas de forma estable y empadronadas en un mismo domicilio ubicado en Andalucía, con un año de antelación, como mínimo a la fecha de la presentación de la solicitud. Los recursos mensuales de las familias beneficiarias deben de ser inferiores a la cuantía de esta ayuda, que toma como referencia el Salario Mínimo Interprofesional vigente en la fecha de presentación de la solicitud -actualmente 368,88 euros.

Renta Básica

La figura del Ingreso Mínimo de Solidaridad será sustituida por la renta básica de inserción contemplada en la futura Ley de Inclusión Social, cuya aprobación por parte del Consejo de Gobierno se encuentra aplazada por la actual situación económica. Esta normativa elevará al rango de derechos sociales diversas prestaciones y servicios que promueve la Administración autonómica y que actualmente están reguladas de forma dispersa. 

Uno de sus aspectos fundamentales es que regulará el acceso a la renta básica como un derecho fundamental de todas las personas. Según explicó la consejera, esta nueva figura supondrá un "cambio sustancial" con respecto al Ingreso Mínimo de Solidaridad, ya que se tratará de ayudas económicas individuales -y, por tanto, no exclusivamente dirigidas a unidades familiares--, se incrementa la cuantía a percibir y se abonará a mensualidad vencida.

No obstante, para la percepción de esta renta, que se facilitará de forma temporal, la Administración exigirá una serie de  compromisos por parte de los beneficiarios y ejercerá un seguimiento del cumplimiento de los mismos, como, por ejemplo,  que, en caso de tener hijos menores de 16 años, éstos se encuentren escolarizados tal y como marca la Ley.