El Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, valoró el proyecto de ley de servicios sociales de Andalucía, que sustituirá a la vigente ley aprobada en 1988, ante la comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento. El Defensor aplaudió la reforma con carácter general, pero mostró su "inquietud" en relación al condicionamiento de las prestaciones a criterios de índole presupuestaria. "Surge la duda de si es la dotación presupuestaria la que condiciona la categoría de derecho subjetivo o es al revés, como tendría que ser", explicó.

Maeztu también reclamó que "no se restrinja" la titularidad de los derechos a las personas extranjeras no residentes y que el listado de prestaciones garantizadas incluya una renta básica que "garantice unas condiciones de vida digna, puesto que se trata de un derecho reconocido en el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía".

Maeztu propusó, además, la inclusión de otras prestaciones garantizadas que no aparecen en el proyecto de ley como la ayuda a domicilio básica, la atención psicosocial y psicoeducativa y la garantía de un alojamiento alternativo, para que no se pierda la oportunidad de configurarlas como derechos.

El comisionado del Parlamento también recomendó la inclusión del derecho de los usuarios de los servicios sociales a recibir un buen trato por parte de los profesionales o el de no ser sometidos a ningún tipo de inmovilizaciones o restricciones físicas o intelectuales, salvo peligro inminente para la seguridad propia o externa.