Las últimas 24 horas dentro de UGT en Cádiz han sido frenéticas y un ejemplo de caos interno. Todo lo ocurrido se remonta a la detención del secretario general del sindicato en Cádiz, Salvador Mera, por su supuesta relación en el caso de los ERE fraudulentos. Mera finalmente dimitió ayer, 24 horas después de que dimitieran en bloque seis de los siete miembros que componían la Ejecutiva provincial del sindicato en Cádiz (todos menos él).

A partir de aquí se resolvieron varias cosas. En primer lugar, que la dirección andaluza nombrará hoy una comisión gestora formada por cinco personas. Cuatro de ellas lo harán de forma voluntaria. El quinto miembro, y presidente de dicha gestora, será José Manuel Ferrer, secretario de Organización de UGT-Andalucía.

En segundo término, quedó patente la profunda desunión entre las ejecutivas provincial y regional. De hecho, la primera emitía por la mañana un duro comunicado en el que acusaba a la dirección andaluza de falta de apoyo y falta de respeto. Y el propio Ferrer admitía que la dirección gaditana "no llevaba razón".

Y el tercer asunto claro es la evidente mala relación entre Salvador Mera y su Ejecutiva. Fue precisamente la indecisión de Mera para presentar y anunciar su dimisión lo que provocó la renuncia al unísono de todos. Pero, a su vez, esa indecisión estaba arropada por la dirección regional del sindicato, que no aceptaban la renuncia de Mera.

El propio imputado mostró su "máximo respeto" a la Ejecutiva dimitida, a la que no tiene "nada que reprochar" ni "nada que criticar". También se conoció ayer que el juzgado le ha concedido un plazo de diez días a Mera para que designe los bienes de su propiedad que puedan ser embargados a fin de hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 251.041euros que le impuso la juez Mercedes Alaya.