El sistema de financiación autonómica pactado en 2009 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vino precedido de los lamentos de las comunidades autónomas por el anterior sistema, de 2002. Unos cinco años más tarde los presidentes de las comunidades autónomas vuelven a quejarse y a intentar tejer alianzas entre ellos para constituir frentes, como el mediterráneo o el central de aquella vez. Entonces Andalucía caminó sola y pedía el equilibrio en la distribución de la riqueza; ahora ataca al Gobierno central por lo que entiende una deficiente "aplicación" del sistema de financiación que, según los cálculos ayer de la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha restado a Andalucía unos 2.800 millones en los tres últimos ejercicios. Díaz comenzó su mandato y no tuvo reticencias en criticar el modelo pactado por Zapatero con los nacionalistas catalanes, pero ahora ha vuelto a denunciar la aplicación que de los fondos hace el Gobierno de Mariano Rajoy.

En un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ambos coincidieron en reclamar una financiación "justa" en la que se trate a todos los territorios por igual y que suponga un blindaje de los servicios públicos que prestan las comunidades.

Díaz y Rivero, que se reunieron durante una hora, destacaron en rueda de prensa las coincidencias de ambas gobiernos autonómicos en la necesidad de "corregir" el actual sistema de financiación para conseguir un modelo que sea más equitativo, ya que entienden que sus regiones reciben menos dinero del que les correspondería.

Díaz entiende que el sistema "no se está aplicando bien y provoca que haya comunidades que están hiperfinanciadas frente a otras que estamos recibiendo bastante menos de la media". En las quejas de las comunidades destacan Cataluña y Madrid. Hasta Valencia y Baleares, que eran las más perjudicadas por el antiguo sistema de financiación autonómica, también se quejan de éste.

La metodología que defiende la Junta pasa por que se calcule el coste promedio de lo servicios públicos y se garantice "que todos los ciudadanos van a recibir lo mismo".

Rivero dijo que coinciden en la necesidad de "corregir y actualizar" el modelo porque en ambas comunidades tienen como prioridad "la cohesión social", pero junto a Murcia y Valencia están siendo "especialmente perjudicadas", lo que aseguró que les "resta capacidad" para atender los servicios públicos. "Compartimos el principio básico de que todos los ciudadanos, vivan en el rincón que vivan, tienen que tener las mismas posibilidades", señaló.