La Ejecutiva provincial en pleno del sindicato UGT-Cádiz comunicó en la mañana de ayer su dimisión a la dirección de UGT-Andalucía. En un escrito contundente, del que han trascendido pocos detalles, los seis miembros dimisionarios vienen a exponer que el motivo de su marcha es la no conveniencia de que el, todavía secretario general de UGT, Salvador Mera, continúe en su cargo tras su detención por parte de la Guardia Civil relacionado con el caso de los ERE fraudulentos, que dirige la juez de instrucción Mercedes Alaya.

Este periódico pudo saber ayer que el malestar entre los seis de los siete miembros de la Ejecutiva (el séptimo es el propio Mera) ha hecho que se adopte esta importante decisión. Así, todos creen de forma unánime que el responsable del sindicato en Cádiz debería haber dado un paso más después de que hayan transcurrido varios días desde que puso su cargo a disposición de la dirección regional.

Sin embargo, el máximo responsable andaluz de UGT, Francisco Fernández, no sólo no aceptó la dimisión de Mera sino que se encargó de dejar claro que tal dimisión no se había producido.

Ahora, los estatutos del sindicato marcan que habrá de constituirse una gestora que dirija el destino de esta formación en la provincia. Será por tanto, una vez más, Francisco Fernández el que tenga que tomar las riendas (él mismo, como ocurriera en la etapa anterior al propio Salvador Mera, o la persona en quien delegue) de UGT en Cádiz hasta que se convoque un congreso extraordinario para elegir al nuevo secretario general ugetista en la provincia.

Hoy mismo, los miembros de la Ejecutiva que ayer anunciaron a Sevilla su marcha, se encargarán de dar las pertinentes explicaciones a las distintas federaciones que componen la organización, además de a los trabajadores del propio sindicato.

Hay que recordar que Salvador Mera fue detenido el pasado 8 de octubre, mientras desayunaba en la cafetería del edificio de los sindicatos en la capital gaditana. Dos días después, prestó declaración en Sevilla ante la magistrada que investiga los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, quien le comunicó que estaba imputado por delitos de tráfico de influencias, falsedad y contra la Hacienda Pública. Aunque quedó en libertad con cargos, se le impuso una fianza civil de unos 240.000 euros.

Además, ayer trascendió un auto de la juez Alaya en el que impone una fianza de 593.000 euros al ex secretario general de Industria de CCOO de Andalucía, Manuel Jiménez García, por su participación activa en 444.980 euros pagados por la Junta para los empleados de Calderinox y dos intrusos que nunca trabajaron en esa empresa. La juez afirma que el sindicalista adquirió los compromisos para el pago de subvenciones a la empresa con el delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

Las ayudas se tramitaron y concedieron "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable", subraya la juez en el auto, al que ha tenido acceso Efe.