La educación concertada en Andalucía es la que menos financiación recibe de todas las comunidades autónomas. Así se desprende del informe elaborado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) de cara al congreso nacional que celebra a partir de hoy en Sevilla. La inversión por alumno en este tipo de educación no alcanza en la región andaluza ni la mitad del desembolso en una plaza pública. La patronal -que ha mantenido hasta ahora una relación bastante "cordial" con la Junta- lleva años solicitando al Gobierno andaluz que complemente con fondos propios los que proceden del Estado para que estos centros -con una importante demanda en Andalucía- no sufran una asfixia económica constante.

Bajo el título de Liderazgo y excelencia en un mundo global arranca hoy en la capital andaluza una cita para debatir los retos de la enseñanza privada. Con motivo de este congreso, la patronal CECE dio a conocer ayer un estudio que pone de relieve la distinta situación que atraviesa la educación concertada en las autonomías españolas. Entre los diversos datos aportados, destaca el de la financiación, aspecto clave para el mantenimiento de unos centros que se incluyen en la oferta pública.

Atendiendo a dichas cifras, se constata la gran diferencia entre los territorios del país, no sólo ya en cuanto al gasto en la enseñanza concertada, sino en la educación general. Así, dista bastante los 9.143 euros anuales que destina el País Vasco a sufragar una plaza pública de los 4.851 que emplea en Andalucía en tal fin. Esta diferencia también se comprueba en el terreno de la concertada. Un puesto en este tipo de centro le supone a la Junta 2.265 euros por curso, es decir, un 46,70% del coste de una pública. Tal desembolso coloca a la región andaluza como la última de España en la financiación de la enseñanza concertada, un ranking que encabezan el País Vasco, con 3.664 euros por plaza, Navarra (3.271), Castilla y León (3.147) y Cantabria (3.104).

Hay que tener en cuenta que los fondos que reciben los colegios concertados andaluces proceden íntegramente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que el Ejecutivo regional no aporta ni un sólo céntimo a esta financiación. De hecho, una de las viejas reclamaciones de CECE a la Junta concierne a este asunto, pues exigen que contribuya con recursos propios al mantenimiento económico de estos centros. En este sentido, conviene recordar que de esos 2.265 euros que reciben los colegios concertados por alumno, el 90% va destinado al pago de los salarios del profesorado y sólo un 10% al mantenimiento de los centros. Este "pírrico" porcentaje les obliga a buscar ingresos extraordinarios para sufragar el coste de su actividad. De ahí que muchos hayan optado por las cuotas que se les pide a los padres y que la Consejería de Educación prohibió hace varios cursos.

El secretario general de CECE en Andalucía, Rafael Caamaño, refirió que el dinero que reciben los colegios con convenio público es el que se emplea "con más control, transparencia y eficiencia", pues ha de pasar la supervisión del consejo escolar de cada centro, el de la inspección de la Junta y el de una auditoría. "¿Qué dinero público tiene más control que éste?", preguntó Caamaño en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente español de la patronal, Alfonso Aguiló; el secretario general de CECE, Santiago García; y la asesora jurídica de esta entidad, Carmen Mora.

La petición de incremento de la financiación se basa en la demanda que registran estos centros. En Andalucía, más del 20% del alumnado está matriculado en un centro de estas características (sin contar los de Educación Infantil), lo que supone una cifra que supera los 230.000 escolares, cantidad que ha permanecido estable pese al descenso demográfico. Una demanda importante que no se traduce en una oferta proporcionada, pues estos colegios sólo suponen el 15,68% del sistema educativo andaluz, lo que sitúa a la región en el puesto número 14, muy alejada del País Vasco, donde los centros concertados representan el 35,4%.