Se sintió "permanentemente acosado" por la juez Mercedes Alaya, pero no lo denunció. Esto es lo que declaró este miércoles el ex consejero de Empleo Antonio Fernández en la fase final de su interrogatorio, cuando ha comenzado a responder a las preguntas de su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo.

El ex alto cargo, que lleva declarando durante cinco jornadas y se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de prisión, se decidió este miércoles a contar los cuatro días "duros" que vivió entre el 20 y el 23 de abril de 2012, cuando prestó declaración durante "mañana, tarde, noche y madrugada" ante la juez Mercedes Alaya, durante más de cuarenta horas y, en su opinión, se "lesionaron sus derechos" como investigado.

El ex alto cargo explicó que fue citado a declarar tras haber permanecido "14 meses imputado" inicialmente por tres delitos -prevaricación, malversación y tráfico de influencias-, si bien antes de comenzar la declaración la instructora le realizó una nueva imputación que elevaba a seis los delitos que le atribuía, al incluir su supuesta inclusión en el ERE de la empresa González Byass, hechos que según el ex alto cargo constituían una imputación "sorpresiva". "Me sentí inseguro, indefenso y por el procedimiento como se formulaban las preguntas, acosado", aseveró Antonio Fernández, que agregó que fue "permanentemente acosado" por la juez para que respondiera en el sentido positivo a la tesis que sostenía la instructora.

El ex consejero relató asimismo cómo Alaya llegó a decirle en un momento de su declaración que "asumiera su responsabilidad como consejero", y en otra ocasión les espetó "ahora me cuenta usted otra". Ante la actitud de la instructora, prosiguió, se sintió "totalmente acosado e impelido a contestar en el sentido" que quería la magistrada, que además traía "las preguntas preparadas" y extensas, constituyendo un formulario "bastante complejo y difícil de contestar".

Antonio Fernández continuó diciendo que las actas de las declaraciones de esos días -que han sido leídas durante dos sesiones a petición de la acusación popular del PP- no se le ponían para su lectura y firma hasta las doce y media o la una de la madrugada, y además esos documentos "no recogían con exactitud las respuestas y estaban descontextualizadas".

Fernández aseguró que la Sección Séptima dictó un auto en el que dejaba sin efecto la imputación de los nuevos delitos porque la acusación "no se ajustaba a la realidad" de lo ocurrido con el ERE de González Byass y quedó "clarísimo" que él no fue beneficiario de ninguna póliza.

El acusado reiteró que manifestó "la verdad" en aquella declaración ante Alaya, pero no ratifica aquella declaración porque "no reproduce fielmente la declaración y se produjo con ausencia de garantías".

Tras realizar estas manifestaciones, el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, preguntó al ex consejero si no pidió él o su abogado que se hiciera constar en el acta de la declaración todas esas "vicisitudes" que está ahora relatando ante el tribunal que le juzga, o solicitó un aplazamiento de la declaración ante la imputación de nuevos delitos, a lo que Fernández contestó que cree que su letrado sí lo solicitó.

El magistrado también le cuestionó que firmara las distintas actas y Fernández señaló que fue con posterioridad cuando analizó lo ocurrido porque en aquel momento "no tenía capacidad por su agotamiento físico y psíquico".

El presidente mantuvo un rifirrafe con el acusado, al que recordó que es licenciado en Derecho y le reprochó que lo que estaba manifestando era "incompatible", pidiéndole que aclarara por qué asegura que no se retracta de lo que declaró pero no reconoce lo que recogen las actas. Fernández admitió entonces que pudo "cometer el error de firmar el acta" en aquel entonces y también admitió que no pidió volver a declarar ante la misma instructora, como tiene derecho cualquier imputado si lo solicita. "Lo que dije no es lo que está recogido en el acta", insistió Fernández.

Su abogado le preguntó por su etapa laboral en González Byass, que se inició con sólo 14 años cuando entró de "botones" y a los 18 pasó a ser oficial segundo de embotellado y de ahí a la oficina como administrativo. En esta empresa permaneció hasta 1983, cuando fue nombrado concejal en el Ayuntamiento de Jerez, y desde entonces estuvo en excedencia forzosa hasta 2010, fecha en la que tras salir de la Consejería fue nombrado presidente del consejo regulador del Jerez. "Ni quería ni necesitaba la póliza de prejubilaciones, ni la suscribí cuando lo hicieron los otros 93 trabajadores en mayo de 2008", concluyó Fernández, que insistió en que nunca firmó el requisito del boletín de adhesión al ERE. Fernández continuará respondiendo a su abogado el próximo lunes.