La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a insistir en que la juez Mercedes Alaya es competente para investigar la causa de los cursos de formación, por lo que se ha opuesto a la nulidad solicitada por la  defensa del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.

La juez Alaya ha tramitado dos incidentes de nulidad, uno en relación con la nulidad planteada por la Junta y otro por el ex consejero de Hacienda, según han informado fuentes del caso, que han explicado que el Ministerio Público ha respondido en ambos supuestos de forma similar, argumentando que la instructora es competente para investigar estos hechos porque ni la Junta ni la defensa de Ojeda han concretado la indefensión causada y además no se han vulnerado las normas de reparto de los asuntos establecida por el decanato de los juzgados.

En el caso del escrito de Ojeda, el fiscal también se ha opuesto a que se pudiera remitir la causa al juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que en mayo de 2012 tramitó y archivó una denuncia del funcionario Teodoro Montes, el testigo protegido de la causa. Según el Ministerio Público, la denuncia que investigó este juzgado no guarda relación con la investigación de la juez Alaya, porque se centraba exclusivamente en el acoso laboral que denunció el funcionario.

La semana pasada la Fiscalía presentó un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que se opuso a la nulidad solicitada por la Junta por dos motivos. El primero, porque la Fiscalía entiende que la Administración autonómica no ha concretado dónde y cómo se le ha causado la indefensión que ha generado la nulidad y, en segundo lugar, porque en ningún caso considera que se han vulnerado las normas de reparto, dado que este asunto es una cuestión gubernativa de los jueces y en este sentido tan competente es un juez como otro.

El Ministerio Público subrayó entonces que Alaya actuó correctamente cuando dedujo testimonio de la denuncia del funcionario Teodoro Montes y abrió unas diligencias previas para investigar el presunto fraude.

No es la primera vez que la Fiscalía apoya a Alaya para investigar esta causa, ya que avaló su actuación cuando se opuso a la decisión de la instructora de apartar a la Policía de la investigación de los cursos y entregársela a la Guardia Civil. El fiscal recordó entonces el inicio de la investigación de los cursos al señalar que el juzgado número 6 de Sevilla inició las pesquisas con un auto del 12 de septiembre de 2013, dictado en el seno de las diligencias previas 174/11 (el caso de los ERE fraudulentos), y que dio lugar a las 6344/13. En el seno de estas últimas diligencias, precisó el fiscal, se profundizaba en la trama de los llamados expedientes de subvenciones de los fondos de formación, a los que se adjuntaba las declaraciones de Teodoro Montes, jefe del departamento de Formación Profesional Ocupacional de la Delegación del SAE de Sevilla.

Esta causa, la 6344/13, fue dividida a consecuencia del auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 5 de marzo de 2014 –que envió al juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla la parte de las facturas falsas del sindicado UGT-A-, y quedó escindida en otras, entre ellas las diligencias 966/14 en la que se investiga la denuncia de Teodoro Montes, una causa que fue posteriormente ampliada mediante la remisión de las diligencias de la Fiscalía Superior de Andalucía y de la Fiscalía de Sevilla, donde se ponían de manifiesto "irregularidades en la concesión, gestión, seguimiento y justificación de subvenciones en expedientes relativos a la formación en general tras la publicación del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía".

Igualmente se acumularon mediante la incorporación del Informe de la Inspección Central de Trabajo, las conclusiones acerca de las irregularidades de las subvenciones concentradas en el entramado societario del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.