Andalucía

La Fiscalía de Cádiz insiste en que Ojeda sea investigado por Alaya

  • La defensa del ex consejero imputado recurrió para que el caso no pase a manos de la juez que instruye los cursos de formación

La trama de los cursos de formación fraudulentos del ex consejero de Hacienda, Ángel Ojeda, debe ser investigada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es la juez Mercedes Alaya. Es el dictamen de la Fiscalía Provincial de Cádiz, que ha respondido negativamente al recurso presentado por Ojeda ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz.

Ahora, tras informar a las demás partes, el juez de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, tendrá que resolver. Ojeda recurrió la decisión del juez de Instrucción número 2 de Cádiz de inhibirse en favor de Alaya en la investigación de los cursos de formación que le afecta, ya que, a su juicio, "no existe acreditación de que en juzgados diferentes se estén investigando los mismos hechos". Para López Marchena considera que Alaya es la juez competente para investigar las presuntas irregularidades que se atribuyen al imputado, ya que la magistrada había iniciado una investigación por los mismos hechos con anterioridad y fue la que primero inició las diligencias.

Para el abogado del ex consejero, "es Cádiz el territorio de comisión de la presunta actividad delictiva investigada en las presentes diligencias previas, pues se analice desde el prisma que se analice, ha sido en Cádiz donde se han impartido los cursos de formación, en Cádiz donde se han cometido las presuntas irregularidades detectadas en el atestado, ha sido la Delegación de Cádiz quien ha tramitado y concedido las subvenciones" y "quien ha contratado, fiscalizado y seguido la gestión de los fondos públicos cuando las subvenciones han sido concedidas tanto por la Dirección General como por el presidente del SAE".

"A día de hoy, no existe acreditación suficiente de que el Juzgado de Sevilla se encuentre investigando las mismas y exactas subvenciones que las contenidas en el atestado de la UDEF", insiste el abogado, que añade que "tampoco es posible constatar que sea el Juzgado de Sevilla el primero que haya iniciado la investigación", pues Alaya ha dictado auto de imputación con fecha 11 de septiembre pero "no acredita ni refiere ni ofrece datos concretos para conocer desde cuando ha dirigido el objeto procesal de su investigación contra Ojeda" ni "desde cuando se encuentra investigando las mismas subvenciones que las que el Juzgado de Cádiz viene investigando". El abogado precisó en su recurso que "no dudaba" que la juez Alaya hubiera incoado sus diligencias previas con anterioridad al juez de Cádiz, "pero lo que a la competencia procesal concierne, lo parcialmente relevante no es la fecha de apertura sino la fecha concreta en la que un Juzgado pueda acreditar que investiga una concreta y exacta actividad delictiva contra una persona o empresa determinada".

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