La Fiscalía General del Estado coincide con la crítica de las asociaciones ecologistas sobre la actuación de las administraciones públicas para evitar el incremento de los atropellos de linces, y que se centra en que éstas "sólo" contemplan realizar actuaciones "si cuentan con fondos que provengan de proyectos de conservación". La Memoria Anual de la Fiscalía recuerda que es "su propia responsabilidad" mantener en un estado de conservación adecuado las vías de comunicación, para asegurar evitar daños a la fauna protegida en peligro de extinción.

El anuario fiscal, dado a conocer ayer con motivo de la apertura del nuevo año judicial, refleja que la mortalidad del lince ibérico es uno de los temas en los que ha trabajado la Unidad de Medio Ambiente por "el interés" que reviste conocer las causas del aumento de la mortandad del lince ibérico en los dos últimos años.

El documento concluye que aunque son diversas, el atropello en las carreteras que atraviesan su hábitat es "la principal". Además, debido a que el lince ibérico es una especie protegida y en peligro de extinción, la fiscalía de sala consideró "conveniente" recabar información de las administraciones públicas, la ONG WWF Adena y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.