La Junta ya tenía desde abril marcada en su agenda la puesta en marcha inmediata de un plan de calidad en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para mejorar su eficacia tanto en la búsqueda de una salida laboral para el desempleado, como para su formación. Algo que en Andalucía urge, con una tasa de paro que roza al 30% de la población activa, y que deja tras de sí un millón de parados. Pero ya no lo va a hacer en solitario. En la reunión que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo ayer en La Moncloa con su homólogo andaluz, José Antonio Griñán, decidieron que las dos administraciones trabajarán en una reforma integral de los servicios públicos de empleo y así unificar las políticas activas y pasivas. El proyecto no tardará en echar a andar, ya que las primeras reuniones técnicas están previstas para septiembre.

El anuncio de esta colaboración coincide en el tiempo con la idea lanzada por el Ministerio de Trabajo de reducir de 100 a 30 días el "periodo de gracia" con el que cuentan los parados para rechazar cursos de formación u ofertas de empleo una vez inscritos en los servicios públicos de empleo. El titular de este departamento, Celestino Corbacho, justificó ayer mismo la medida asegurando que "no parece razonable, si se quiere en un futuro ir a potenciar las políticas activas de empleo, que haya periodos largos en los que una persona no tenga que aceptar una oferta de trabajo si se produce", declaró.

Para su puesta en práctica es imprescindible la colaboración con los gobiernos autonómicos. Las comunidades que, como Andalucía, tienen transferidas las competencias de empleo, se encargan precisamente de las políticas activas empleo (formación, orientación y cualificación profesional), mientras al Estado sólo le corresponde gestionar las prestaciones por desempleo. Andalucía, por tanto, parece ser la primera comunidad que va empezar a colaborar en esa línea.

De todas formas, los objetivos son más amplios. Como detalló Griñán tras este encuentro presidencial de más de dos horas, la prioridad es casar el trabajo de los funcionarios de ambas administraciones para la mejorar el nivel de coordinación y una integración mayor de las actividades que realizan para facilitar la inserción laboral es decir, que dejen de funcionar como departamentos estancos. Aparte del criterio de eficacia, el segundo fin es sentar las bases para un cambio de modelo productivo, para que no sea la construcción el sector que más empleo genere. Griñán recordó que los dos gobiernos tienen marcada en su hoja de ruta la economía sostenible -aprovechó la ocasión para reclamar un "marco estable" para la remuneración de las energías renovables y pedir más cupos energéticos para Andalucía de termosolar, biomasa y eólica- y eso "lleva a cambiar quizás de una manera urgente el modelo de los servicios de empleo".

La reforma de este servicio público se convirtió en realidad en la única novedad en este encuentro entre presidentes, porque en los otros asuntos que se debatieron no hubo avances importantes. Las mismas infraestructuras que hace tan sólo diez días Griñán auguraba que se harían en los plazos previstos, fueron "desbloqueadas" y sacadas del paquete que estaba en los planes de ralentización del Ministerio de Fomento. Las obras públicas de mayor calado que tendrán garantizados los recursos económicos y su ejecución en tiempo y forma son el segundo puente sobre la Bahía de Cádiz , la autovía A-7 a su paso por la costa granadina, la A-32 en Úbeda. Otros proyectos secundarios que quedarán al margen del tijeterazo presupuestario serán la variante Beas-Trigueros, que conecta Huelva con la Ruta de la Plata sin necesidad de pasar por Sevilla, y el tercer carril entre las localidades sevillana de Bormujos y Benacazón.

El que Griñán vaticinara ese desbloqueo entraba dentro de lo previsible, ya que desde el mes de julio Fomento y la Consejería de Obras Públicas venían trabajando en ello, por lo que la reunión con Zapatero no vino a ser más que la confirmación oficial de lo que ya estaba más que planeado. De hecho, el Gobierno no iba a decir ayer que el segundo puente de Cádiz se iba a retrasar, cuando precisamente hoy tres ministros, el de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el de Fomento, José Blanco, y la titular de Igualdad, Bibiana Aído, tienen programado visitar las obras.

Con este resultado en la mano de que estas obras "ni se paralizan ni se rescinden" y de que "Andalucía se llevará una cantidad superior o en torno a los 120 millones" de los 500 presupuestados por Fomento para 2011, Griñán no pudo más que definir esta reunión de "positiva" y "resolutiva". Pero lo cierto es que alguna de las reivindicaciones que llevaba en cartera parece que se quedaron en el aire.

Desde que el Ejecutivo central anunciara en julio que el próximo año se iban a retirar las ayudas directas para la adquisición de vivienda protegida, el Gobierno andaluz ha estado defendiendo que éstas no se deberían retirar de sopetón, sino establecer una moratoria o un periodo de transición con una retirada progresiva en función del nivel de renta de los adquirentes. Griñán no dijo nada de la respuesta de Zapatero, y se limitó a responder con un "creo que lo podemos conseguir".

Lo que sí parece que le pareció "correcto y lógico" al presidente del Gobierno es la ampliación de las ayudas al alquiler de viviendas de renta libre a las de protección oficial. Para resolver este punto, ya se ha dado la orden para una reunión "inmediata" de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y de la Consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar. Que esta propuesta andaluza haya calado puede guardar relación a que la ampliación de esta subvención está orientada al sector alquiler, precisamente el modo de residencia que ahora quiere potenciar al máximo el Gobierno central.

Ya en el capítulo financiero, Griñán pidió a Zapatero que tenga en cuenta a la hora de fijar el déficit público de aquí al año 2013 las condiciones especiales de Andalucía, que tiene un endeudamiento inferior a la media nacional y ha reconocido a un mayor número de dependientes que el resto de comunidades.