No hay antídoto posible contra la oposición del Gobierno central a la subasta de medicamentos que impulsa la Junta. No al menos al día de hoy. El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy también recurre ante el Tribunal Constitucional la tercera subasta de fármacos. Así lo anunció ayer en Granada la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

El Gobierno central ha notificado al departamento de Sánchez Rubio la interposición del recurso, si bien no se anunció en el Consejo de Ministros. La consejera lamentó que si desde el Madrid "nos reducen la financiación y nos impiden ser más eficientes en la gestión", entonces lo que están haciendo es "asfixiarnos literalmente". Con todo, la Junta no va "a tirar la toalla", remachó Sánchez Rubio respecto a lo que son sus competencias, como a su juicio ocurre "absolutamente" con la salud y con todo lo que tiene que ver con "garantizar" este servicio a los ciudadanos.

En su momento, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) informó de que esta tercera convocatoria pública para la selección de principios activos, la conocida como subasta pública de medicamentos, permitiría un ahorro anual de 234 millones, que sumada a las dos anteriores alcanzarían los 327 millones. Concretamente, concurren un total de 288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes y que se encuentran en el mercado con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas.

El Ministerio de Sanidad ha justificado en anteriores ocasiones su recurso ante el TC en que las comunidades autónomas "no son competentes" para convocar subastas de medicamentos, como ha hecho Andalucía, además de considerar que esta subasta andaluza "rompe el mercado de medicamentos" y "pone en riesgo el acceso a tratamientos en perjuicio de los pacientes". El Gobierno ya recurrió ante el TC, que aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, la primera y segunda subasta de medicamentos pero luego el propio Tribunal levantó la suspensión cautelar, con lo que las subastas siguieron su curso y se licitaron.

El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, defendió al Gobierno porque "sigue manteniendo su misma política y la coherencia". Zoido lamentó la "recalcitrante" actitud de la Junta.