Andalucía

Griñán insiste en que el desprestigio de la política sólo se evita con transparencia

  • Apela al "máximo consenso" entre los partidos para la futura ley andaluza Admite la "fractura del lazo" entre políticos y ciudadanos

El desprestigio instalado en la política, en quienes la ejercen, sólo puede evitarse con la mayor transparencia posible. Este es el diagnóstico que ofreció ayer el jefe del Ejecutivo autonómico, José Antonio Griñán. Y si los partidos no empiezan por aplicarse ellos mismos esta máxima, no conseguirán desembarazarse de ese desprestigio. El efecto nocivo que tendrá sobre las instituciones será letal, y el sistema se resentirá gravemente.

Desde esa perspectiva, Griñán defendió una norma que haga posible la rehabilitación de "la confianza en lo público y en la política". Así, la ley andaluza, para cuya elaboración solicitó el "máximo consenso" en la Cámara autonómica, deberá recoger medidas como la necesidad de establecer retribuciones claras y públicas de todos los altos cargos, ejecutivos o parlamentarios, e instaurar para determinados cargos de relevancia estatutaria "el contraste parlamentario que debate sobre la idoneidad de los llamados a ejercerlos".

La ley idónea, a juicio de Griñán, debe establecer compromisos explícitos de transparencia que se pondrán en marcha de forma progresiva y que afectarán tanto a la de los que "ocupamos cargos políticos" como a la de los partidos; de todas las administraciones públicas; a las cuentas públicas y a la capacidad de lo público para garantizar a los ciudadanos la transparencia en el ámbito de la regulación económica.

Griñán, que admitió la "fractura del lazo entre representantes y representados", señaló que "ésta ha de ser una ley de máximos que sirva a todas las instituciones y administraciones públicas (autonómicas, provinciales y municipales) y contribuya a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política". El presidente hizo estas reflexiones en el marco de unas jornadas organizadas por la Consejería de Presidencia e Igualdad.

El jefe del Gobierno andaluz también hizo hincapié en que hay garantizar el libre ejercicio de la política y que ésta debe ser una actividad remunerada para que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercerla, pero "teniendo en cuenta la importancia de la dedicación exclusiva: una persona, un cargo". En este sentido, Griñán estimó necesarios unos partidos con "financiación transparente de la que se deben excluir donaciones que puedan entrar en colusión con el interés general", mientras que también destacó la necesidad de que los proyectos y programas electorales estén acompañados de una explicación o memoria económica sobre qué se pretende y con qué medios puede hacerse realidad lo que se ofrece como promesa electoral.

A juicio de Griñán, si la política, por muy transparente que sea el sector público, no es capaz de someter el funcionamiento económico a una regulación que impida los abusos y la desigualdad en la resolución de los conflictos o no es capaz de actuar contra abusos como las preferentes, derivados y demás productos financieros, o dificulta el acceso a la justicia por razones económicas, "nada de lo que hagamos servirá para restaurar su prestigio".

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