El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el que la juez Alaya ha imputado un delito continuado de cohecho al ex consejero de Empleo Antonio Fernández cuestiona que el ex responsable político y su entorno familiar, en concreto sus dos hijos, destinaran a gastos cotidianos en el año 2003 menos de 70 euros por persona al mes. En este informe, del que Alaya sostiene que Fernández recibió mordidas por importe de 602.806,72 euros, los investigadores, una vez analizadas las cuentas del propio ex consejero y las de sus dos hijos, sostienen que la cantidad anual que la familia disponía para los "gastos diarios", incluidos las compras con tarjeta y en efectivo, no refleja "la realidad económica familiar, dado el bajo valor de esos gastos cotidianos", que en algunos años como 2003 fueron incluso inferiores a 70 euros por persona al mes. En el año 2004 ese gasto pro medio se sitúa en más de 80 euros, mientras que en 2005 es de 194,40 euros, de 220 en 2006, y de 263 en 2007.

El informe argumenta que esos gastos cotidianos que cualquier persona soporta, "como los de manutención, ropa o gasolina, por ejemplo" se verían reflejados en las cuentas como "compra con tarjeta", si los pagara con este medio, o como "disposición en efectivo", en el caso de abonarlo en efectivo. Del estudio de las cuentas, la UCO dice que la cantidad anual que disponían para esos gastos diarios en el año 2003 asciende a 2.500 euros para los tres, lo que a juicio policial indica que "el resto de gastos diarios se pagan con dinero en efectivo de origen desconocido, lo que refuerza la hipótesis policial" sobre la existencia de una operativa bancaria centrada en el uso de cheques bancarios.

Según la Guardia Civil, esta operativa que se mantiene durante varios años -el periodo investigado va de 2001 a 2012- consiste en "sacar dinero de una cuenta titulada por el propio Antonio Fernández, mediante cheque bancario, e ingresar posteriormente ese importe en efectivo (o uno muy similar) en otra cuenta" de su hijo o de su entorno, "en esa misma fecha o con muy pocos días de diferencia".

El importe total del dinero sujeto a esta operativa asciende, según los investigadores, a 165.715,78 euros, y de esta forma, según el informe, permitía al ex consejero, por una parte, "justificar una entrada de dinero en efectivo en sus cuentas, y por otra parte, disponer de ese efectivo resultado del cobro del cheque para pagar todo tipo de gastos del día a día".

El estudio sobre el incremento patrimonial de Fernández concluye que el patrimonio a nombre de los dos hijos del ex consejero "se podría considerar como patrimonio directamente imputable" al ex consejero, por cuanto éste habría ostentado el control y pudiera "haber manejado" alguna de las cuentas de sus hijos, en las que figuraba como autorizado o cotitular, todo ello sumado a que los ingresos declarados por los hijos "no pueden justificar su incremento patrimonial". Uno de los hijos habría percibido retribuciones por 4.550,56 euros entre 2001 y 2012, lo que "difícilmente justifica la compra de dos inmuebles en 2008", y el otro no tenía ingresos a pesar de compró otro piso en 2007.

En el período investigado (2001-2012), el total de ingresos en las cuentas del entorno familiar de Fernández asciende a 1,5 millones de euros, de los cuales 601.781 euros son ingresos por nóminas, mientras que los adeudos alcanzan los 1,7 millones.

La investigación patrimonial realizada por la Guardia Civil concluye que en esos años el total de ingresos en las cuentas de la familia de Fernández asciende a 2,6 millones, mientras que los adeudos supusieron 2,7 millones.