Poco antes de las 08:00 de ayer la Guardia Civil llegaba a la Diputación de Huelva e impedía el paso de los funcionarios para proceder a un registro. Simultáneamente, los agentes entraban en la sede en Huelva del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Pasadas las 14:00 culminaba el registro en la Diputación; en los coches de la Policía Judicial, varias cajas presumiblemente llenas de papeles para la investigación de un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas. En concreto, por el uso de los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), a través del cual se ejecutan pequeñas obras en los municipios con la contratación de personal eventual y en cuya financiación y gestión colaboran todas las administraciones (estatal, andaluza y local).

Una denuncia por la contratación de un concejal socialista en Tharsis y por la compra de materiales para el PFEA en la localidad parecen ser el germen del llamativo registro que se efectuó en ambas sedes administrativas. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la investigación que se ejecuta por orden judicial (y que está bajo secreto de sumario) se inició hace aproximadamente un año a raíz de la denuncia de dos ciudadanos particulares.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a otros fines más allá de los estipulados por la ley. La lista de delitos que podrían haberse cometido en los procedimientos investigados es larga: prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.