El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, reprochó ayer al PSOE-A que no haya "más rapidez" en la reordenación del sector público, fruto de la "resistencia" que están mostrando los socialistas, lo que, en su opinión, contrasta con la actuación de IU en las agencias de las consejerías en las que gobierna.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Maíllo aseguró que su organización está afrontando una política de transparencia en el sector público. "Nos gustaría ir más rápido sin lugar a dudas, y que hay resistencia en el socio, también", afirmó el dirigente de IU.

El dirigente de izquierdas destacó que en las agencias de las consejerías en las que gobiernan, como pueden en la empresa pública de suelo de la Consejería de Fomento (se prescindió de trabajadores externos y de 42 directivos), o de Turismo y Comercio, se ha demostrado que las cosas se pueden hacer "de otra manera y en concurso con los trabajadores".

El ajuste en las empresas públicas lo anunció la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su investidura el 4 de septiembre de 2013, hace más de un año.

Díaz anunció la constitución de un grupo de expertos para que antes de que concluyera 2014 se elaborase un informe sobre el sector público instrumental para "hacerla más eficiente y coherente con sus objetivos". Este grupo se constituyó, pero, en opinión de Maíllo, no evoluciona todo lo rápido que a IU le gustaría.

Este plan de adelgazamiento no es una cuestión baladí, ya que está en juego el empleo y la comparación con los empleados públicos, es decir, los más de 250.000 funcionarios, laborales y eventuales que trabajan en la Administración andaluza.

A ello se une el desconocimiento sobre la dimensión del sector público. La Consejería de Hacienda no ha ofrecido datos sobre el volumen de personal que trabaja en las empresas públicas o el número de directivos (en abril facilitó el de altos cargos).

La cifra más exacta del personal que trabaja en la Junta la dio en noviembre de 2010 Carmen Martínez Aguayo. A esa fecha, en la Junta trabajaban 266.999 personas, de las que alrededor del 10% lo hacían en las empresas públicas. En concreto, 26.936, bien en agencias públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones o consorcios.

A continuación llegó una polémica reforma del sector público que tuvo como consecuencia el levantamiento de los sindicatos corporativos y un sinfín de protestas contra los dirigentes de la Junta.

Hacienda se remite a cada empresa pública en particular para conocer si han llevado a cabo el último plan de ajuste que les obligó a recortar un 5% los salarios.

La dimensión del sector público influye en la elaboración del próximo Presupuesto de 2015, cuya negociación entre los socios de Gobierno está abierta estas semanas.

Maíllo señaló que las negociaciones van "bien", aunque avisó de que su organización vigilará "los flecos" de la misma hasta el final "porque los carga el diablo".

"Nos gusta la música, pero hay que ver la letra", apostilló, para concluir que esta semana y la que viene van a ser "muy importantes" en la negociación.