El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la Palma del Condado ha dado por cerrada las diligencias previas sobre el posible fraude electoral en Almonte e imputará a M.J.D.C., la funcionaria que supuestamente falsificó las firmas con las que 160 mujeres inmigrantes pudieron concurrir a los comicios municipales.

Aunque no se han fijado las fechas para la celebración del juicio, con el auto se cierra la posibilidad de contar con las declaraciones de las inmigrantes, tras fracasar la providencia dictada a efectos de comprobar de forma telemática si las mujeres, a las que supuestamente se les falsificó la firma, se encontraban dadas de alta en la seguridad social y, por tanto, trabajan en territorio español. A efectos legales, esta decisión coarta la posibilidad de que puedan prestar declaración unos testigos directos y trascendentales para determinar si realmente ellas tramitaron o no los documentos que les abría las puertas de las urnas. El letrado de la acusación particular, Alberto Mondaca, estima que sin dichos testimonios, las pruebas periciales son "sobradamente contundentes" para concluir que la funcionaria acusada integrante de las listas electorales socialistas en 2003, supuestamente falsificó las firmas.

Los populares, único grupo político que ha seguido adelante con la causa tras desistir el PA, confían plenamente en la justicia y no recurrirán el auto judicial, ya que entre sus objetivos no figura alargar indefinidamente las diligencias previas.

Las pruebas caligráficas llevadas a cabo por los especialistas del Departamento de Grafísticas del Laboratorio de Criminalística de la IV Zona de la Guardia Civil no dejan lugar a dudas a la hora de tachar de "falsas" las firmas que las mujeres tuvieron que estampar para concurrir a los comicios municipales. Cabe recordar que las rúbricas de las mujeres en las solicitudes de empadronamiento, el alta de inscripción en el padrón municipal en el Ayuntamiento de Almonte y la hoja de reclamación al Censo fueron cotejadas con las de la firma del anverso y reverso de la tarjeta de identidad polaca o, en su defecto, el permiso de residencia.

El edil popular recuerda que el alcalde Francisco Bella "no puede seguir mirando para otro lado y obviando la realidad", por lo que les conmina a "tomar medidas urgentes si no quieren ser cómplices de un presunto delito de falsedad documental". Para ello propone "que el Ayuntamiento retire la defensa que hasta el momento le han brindado a la empleada, ya que "no se entendería que los ciudadanos continúen sufragando de su bolsillo la defensa de esta funcionaria, todo ello después de unas periciales tan irrebatibles".

De la Torre considera que Almonte no puede continuar permanentemente "en los medios de comunicación por temas que dejan en mal lugar a sus instituciones y ponen una sombra de dudas el desarrollo de las elecciones". El edil conservador recuerda que, por un caso parecido, el propio Ayuntamiento se personó como acusación particular contra un ex edil andalucista cuando fue acusado de cohecho, por lo que "ahora exigimos la misma coherencia para dejar patente que los socialistas no se movieron por intereses de rentabilidad política y ahora siguen sus mismos criterios".

Los populares entienden que los socialistas han de prescindir de forma inminente de los servicios de la acusada, al quedar en tela de juicio la confianza en su trabajo en virtud de las pruebas periciales practicadas.

Este periódico ha contactado con M.J.D.C., quien ha declinado hacer declaraciones al respecto "por consejo de su abogado", si bien ha negado las acusaciones que pesan sobre ella.

Los populares se muestran cautos a la hora dejar entrever o poner sobre la mesa acusaciones infundadas o que, en su defecto, no puedan demostrarse de forma fehaciente. Pretende que se esclarezca el móvil y los intereses que están detrás de que un grupo de 160 inmigrantes participaran en los comicios municipales. José Joaquín de la Torre, del PP de Almonte, cree "extraño que un trabajador por propia iniciativa falsifique documentos oficiales y se juegue su puesto de trabajo únicamente con el objetivo de que un grupo de desconocidos puedan votar.