El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba investiga el presunto amaño de las oposiciones a bombero del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, dependiente de la Diputación, en una causa en la que están imputados una quincena de personas. Entre ellas se encuentran la vicepresidenta del Consorcio y número dos del PSOE de Córdoba, Dolores Amo, investigada por presuntos delitos de prevaricación y descubrimiento de secretos; y el alcalde de Priego de Córdoba y senador socialista, José Manuel Mármol, quien podría ser también responsable de un delito de tráfico de influencias. Ambos negaron "rotundamente" los hechos y defendieron que no formaron parte del tribunal de las oposiciones.

Según detalla el juez en su auto, se habría "pactado" dar a los bomberos interinos "todo tipo de facilidades, incluso con directa y grotesca contravención de la ley". La "idea inicial" habría sido, "bajo la iniciativa o al menos con la connivencia del gerente", la creación de un "grupo de trabajo en torno a la mesa de negociación sindical", y para iniciar los primeros trabajos tendentes a ese fin "miembros del personal interino habrían designado a tres representantes del colectivo", todos imputados. El magistrado relata cómo habrían decidido "hacer unidad de acción" en las elecciones sindicales con la intención de "favorecer a un sindicato para que obtuviera una mucho mayor representación en la mesa de negociación".

El siguiente paso consistió en una reunión con el colectivo de bomberos interinos en otoño de 2015 a la que asistieron Carandell y Amo. En ella, según el magistrado, habrían recomendado "abiertamente que se votara masivamente a UGT en las elecciones sindicales", que finalmente obtuvo una "mayoría abrumadora".

A partir de ese momento, se habría preparado un temario "en connivencia" con el colectivo de interinos con la introducción de temas "muy específicos" que fueron objeto de publicación "con muy breve espacio de tiempo para que opositores que no manejaran esa información pudieran preparárselos con un mínimo de solvencia". El auto relata que se habría ofrecido a los interinos la posibilidad de asistir a clases en un centro cívico de La Carlota en las que se hacían ejercicios con preguntas que podían tener entrada en el examen, con "especiales precauciones" para evitar cualquier tipo de copiado o grabación de los documentos que se manejaban.

Durante el proceso selectivo, el auto señala que "bien por la propia vicepresidenta del Consorcio, bien por el director técnico y presidente del tribunal, bien por miembros del tribunal, se fueron filtrando preguntas e incluso respuestas correctas". El examen teórico se celebró en el Campus de Rabanales y fue superado por el 97% de los aspirantes, entre ellos todos los interinos a excepción de tres.