Un informe pone de manifiesto la falta de control existente por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Cádiz en cuanto a su gestión de determinados cursos de formación para el empleo impartidos entre los años 2009 y 2012, así como de la adecuada obtención y aplicación de las subvenciones que recibían los beneficiarios de dichos cursos. Ese informe, emitido por la Intervención General de la Junta en junio de 2014 tras realizar una auditoría de varios procesos formativos en esas anualidades, "recomienda que se estudie la procedencia de iniciar expedientes sancionadores (...) por los incumplimientos detectados".

El informe al que ha tenido acceso esta redacción señala en sus primeras páginas que su objetivo principal es concluir si los procedimientos aplicados para la concesión, pago, justificación y, en su caso, reintegro, se adecuan a lo que se establece en las órdenes reguladoras de los plantes de formación para el empleo vigentes durante el periodo de control. Así, añade que dicho control se ha extendido a la gestión llevada a cabo por la dirección provincial del SAE (presidida en esa época por el que fuera delegado de Empleo en Cádiz, Juan Bouza), "competente para el inicio y resolución de concesión de todos los expedientes controlados", mientras que la Consejería de Educación, "en su calidad de órgano que ostenta las competencias en el momento de emisión de este informe, será la entidad receptora de las conclusiones y responsable del seguimiento de las recomendaciones". Es decir, analiza la gestión de Empleo, pero la responsabilidad sobre la adopción de las correcciones que indica el documento dependerá de Educación. Señala la Intervención que se han analizado 55 expedientes y, en total, la cuantía de subvenciones asciende a 8,4 millones de euros, "lo que supone el 32,12% del importe total del crédito destinado a Formación Profesional para el Empleo en los periodos objeto del estudio".

El informe asegura que de los 55 casos estudiados, "sólo en 12 se ha aportado alguna documentación justificativa de los costes imputados y admitidos"; o que "en ningún caso la imputación contable justificativa de los gastos se realiza por horas o por alumnos", como marca la normativa; y también que "faltan las fichas de algunos cursos, impidiendo verificar la adecuación de los costes laborales imputados con las jornadas docentes realizadas".