La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha emitido un nuevo informe pericial en el que exculpa a la Comisión de Economía y Hacienda del conocimiento del fraude de los ERE, por cuanto se utilizaba una "terminología críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca", lo que provocaba una "indeterminación" acerca de quién pudiera ser el órgano que otorgaba o concedía las ayudas.

Se trata del tercer informe completario remitido al juzgado de Alaya por la IGAE, en el que los peritos aseguran que "no pueden concluir" que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía "pudiera tener conocimiento de la existencia de las irregularidades en la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L", conocido como el 'fondo de reptiles".

El informe subraya en sus conclusiones que el IFA/IDEA elaboraba "incorrectamente" su presupuesto de ingresos incluyendo en el mismo unos ingresos procedentes de la partida 31L que "no eran tales", sólo eran cobros, ya que su destino no era el de cubrir las pérdidas derivadas de su propia actividad -"único establecido en la ley"-, sino el de pagar subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo "al margen de todo procedimiento legal y del preceptivo control".

La IGAE corrobora, por tanto, que Empleo estaba utilizando "inadecuadamente" las transferencias de finaciación para fines distintos a los legalmente establecidos, puesto que la única finalidad debería ser la de cubrir las pérdidas del IFA/IDEA, la cuales no se ocasionaban por el programa 31L.

De la misma forma, IFA/IDEA incluía en su presupuesto unos "gastos inexistentes", que nunca se iban a producir, lo cual mantenía la apriencia de compensar aquellos ingresos que habían sido incluidos "indebidamente en su presupuesto, procedentes de las transferencias de financiación.

En la documentación examinada, los peritos aprecian la utilización de una terminología "críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca", y exlica que del tenor literal de sus expresiones se produce una "indeterminación acerca de quién pudiera ser el órgano otorgante o concedente de las subvenciones sociolaborales, lo que impediría conocer, tanto la inadecuada presupuestación realizada por la Consejería de Empleo e IFA/ODEA, como las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones al margen del control de la Intervenión General de la Junta de Andalucía".

Como conclusión final, los peritos señalan que de la documentación analizada "no se obtiene evidencia de la existencia de irregularidades en la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L". Por ello, prosigue el informe, "no podemos concluir que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía pudiera tener conocimiento de la existencia de irregularidades en la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L".

En marzo pasado, la juez Mercedes Alaya, dio un nuevo giro de tuerca y ordenó a los peritos de la Intervención General del Estado que informen sobre "qué  pudo conocer" la comisión  de Economía  y Hacienda del Parlamento andaluz sobre las "irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General". Alaya también planteó a los peritos "qué  pudo hacer [la citada comisión ] para poner de manifiesto el uso por la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación al IFA/IDEA para el pago de las subvenciones laborales".

Tras el revuelo montado con esta petición, la instructora volvió a dictar un nuevo auto en el que la juez aclaraba que sólo había ordenado investigar la actuaicón de la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, pero no la posible responsabilidad de toda la Cámara. Decía Alaya que "ni siquiera como hipótesis de trabajo se ha planteado la existencia de responsabilidad" del Parlamento Andaluz.

La juez precisaba que "partir de la consideración de que esta indiciaria maquinación delictiva en la elaboración de los Presupuestos era además conocida por el Parlamento, supone restarle complejidad técnica a la Ley de Presupuestos y presuponer en los parlamentos un conocimiento exquisito en materia presupuestaria, más bien propio de un experto".