El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha atribuido este jueves al que fuera consejero de Innovación de la Junta Francisco Vallejo y a la ex consejera de Cultura Rosa Torres la “idea de invertir” en la empresa de la modista cordobesa Juana Martín, que recibió ayudas públicas por importe de 850.000 euros. En su declaración como imputado ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Pérez-Sauquillo ha dicho que para la sociedad pública andaluza de capital riesgo este proyecto era “estratégico” porque el sector textil en sí es estratégico, porque “el diseño es innovación”, y dentro del mismo Juana Martín era considerada como “un referente”, con “reconocimiento, prestigio y premios”, por lo que la idea inicial era crear una línea de producción prêt a porter con esta marca.

El ex presidente de Invercaria, primero de los cinco imputados que deben declarar en esta pieza separada abierta dentro de la causa para investigar las ayudas concedidas a Juana Martín, ha afirmado que la idea de esta inversión no es suya sino que se la “transmitió” el entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, Francisco Vallejo, quien a su vez había sido “informado” por la entonces consejera de Cultura de la Junta, en alusión a Rosa Torres.

A preguntas del fiscal, el ex presidente de Invercaria ha precisado que la idea de la inversión que procedía del consejo no fue por “instrucciones concretas y correos electrónicos, sino por conversaciones y en una primera reunión” en la que estuvo presente el jefe de gabinete del consejero, Juan Carlos Martínez.

Tomás Pérez-Sauquillo ha reconocido que en enero de 2006 se concedió un préstamo participativo de 120.000 euros a Juan Martín que fue otorgado por él mismo para “potenciar la marca”, gracias a sus facultades como presidente, pero ha explicado que este crédito –que finalmente no se devolvió sino que se capitalizó en noviembre de 2006 como participación no dineraria- contaba con el “consenso” de la Consejería de Innovación, del comité de dirección de Invercaria y de Juana Martín Manzano.

En junio de 2006 Invercaria aprobó otra inversión de 900.000 euros en Juana Martín, pero esta inversión no fue ratificada por el consejo rector de la agencia Idea –el socio único de Invercaria- porque según Pérez-Sauquillo “no era preceptivo en aquel momento, habida cuenta de que los estatutos de la agencia Idea no fueron aprobados hasta 2007”. En julio de 2006 también se concedió a Juana Martín un préstamo personal por importe de otros 50.000 euros, que tampoco fue pagado sino que se canceló con la venta de participaciones en la sociedad Juana Martín. Este préstamo coincidió con la época en la que se estudió fijar la producción en Marruecos y se llegó a hacer un viaje a Casablanca.

El ex presidente de la sociedad pública de capital riesgo ha señalado que se llegó a comprar un inmueble en Córdoba por valor de 900.000 euros para la producción, talleres, presentación y almacén de Juana Martín, y ha justificado que los impagos de los préstamos participativos se debieron a la crisis económica.

El imputado ha afirmado que el plan de negocios inicial fue elaborado por el entonces director de Promoción Cristóbal Cantos –denunciante del caso y también imputado- y ha admitido que sabía que este pan no se estaba cumpliendo porque la empresa “daba pérdidas del mismo modo que otras muchas empresas en crisis”. Aun conociendo las pérdidas, se firmaron nuevos préstamos participativos en 2009-2010 porque “siempre creyeron en la viabilidad del proyecto y porque estaban autorizados por el acuerdo inicial de junio de 2006 de la cifra de 900.000 euros”.

También ha afirmado que Juana Martín abrió tiendas en Sevilla, Córdoba y Madrid, que tuvieron que cerrar por las pérdidas y “así los préstamos no pudieron ser amortizados”. En cualquier caso, Pérez-Sauquillo aseveró al juez que tiene la “convicción de que los préstamos participativos fueron invertidos en el objeto para el cual fueron destinados” y tiene “constancia fehaciente de que con el importe de los préstamos se han efectuado inversiones reales con apertura de tiendas” y se han sufragado “coste y gastos de producción necesarios”.