La representación jurídica de la Junta de Andalucía ha presentado un recurso de reforma contra el auto de la juez Mercedes Alaya, que en enero pasado rechazó expulsar a la Administración de la causa de los ERE, pero declaró su doble condición de perjudicada y de responsable civil subsidiaria en relación con la entidad BBVA, que reclama el pago de más de dos millones de euros en relación con las ayudas concedidas a la entidad Maestrazgo de Sevilla.

En el recurso, los servicios jurídicos de la Junta piden a la juez que declare que la Administración andaluza “no tiene la condición de responsable civil subsidiario” y para ello alega que la Sala de lo Contencioso-administrativo aún tiene que resolver un recurso presentado por el BBVA en el que se reclama el pago de las cantidades abonadas por las ayudas.

La Junta entiende que la entidad bancaria está ejercitando una “duplicidad de acciones” y recuerda que la Administración también ha resultado “perjudicada” por la actuación del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, por lo que se si “por vía de la indemnización se ejecutan unos actos que son nulos de pleno derecho, existiría un grave perjuicio a los fondos públicos constitutivo de fraude de ley”.

Añade la Junta que el artículo 121 del Código Penal incluye una limitación que tiene por finalidad “evitar la simulación de acciones, la civil en el procedimiento penal y la administrativa de responsabilidad, lo que puede dar lugar a una duplicidad de indemnización por el mismo daño”, precisa.

En su escrito, la Junta recuerda que el BBVA le ha reclamado una indemnización por importe de 2.233.668 euros, más los intereses, en concepto de “responsabilidad patrimonial”, primero por la “inaplicación de los mecanismos de control y garantías de la actividad administrativa de fomento” y, en segundo lugar, por la “actuación revisora de la legalidad de los actos administrativos ejercida por esta Administración”. La reclamación fue desestimada tras el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que se mostró favorable a la desestimación, y la entidad bancaria interpuso una demanda contencioso-administrativa contra la resolución presunta de la Consejería de Empleo, que rechazó el abono de las dos subvenciones concedidas con carácter incondicional a Maestrazgo de Sevilla en 2006 y 2007 por importe de 1,2 millones cada una y que fueron abonadas por el BBVA. La Sala de Contencioso-administrativo del TSJA rechazó la pretensión de la entidad, al considerar que “las subvenciones otorgadas pero que no han sido abonadas son actos nulos de pleno derecho”, pero al mismo tiempo dedujo testimonio para depurar las posibles responsabilidades penales del ex director de Trabajo Javier Guerrero y señaló que el banco podía personarse en la causa penal de los ERE para exigir la responsabilidad civil correspondiente.

Alaya avaló en el auto de enero pasado que los abogados de la Administración debían seguir en el macroproceso, a pesar de la "ambivalente posición" de la Junta como acusación particular, porque debe "velar por los intereses" de la institución aunque la juez vio "cierto apego, en virtud de determinada inactividad procesal en relación a determinados cargos hoy implicados que la han representado durante décadas".

Aunque Alaya apuntó en esa misma resolución "cierta inquietud defensiva" de la Junta por la "ausencia de reacción adecuada frente a la situación de menoscabo de fondos públicos", llegó a la conclusión de que esa "cierta contradicción interna" no se ha traducido en un "entorpecimiento de la causa", dado que su dirección letrada ha "cumplido fielmente y con extraordinario celo profesional la entrega de la documentación que le ha sido requerida" e incluso ha "potenciado" la investigación en el caso concreto de las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.