La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dio por hecho que el Gobierno de la Nación recurrirá ante el Tribunal Constitucional la creación del impuesto sobre depósitos bancarios en Andalucía anunciada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como hizo en su día con esta misma medida en Extremadura, que la aprobó en 2001 bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Martínez Aguayo aseguró que por coherencia con la norma que mantiene recurrida en el caso de Extremadura, el Ejecutivo central adoptará la misma actitud con la medida anunciada ayer por Griñán, aunque no prevé que ello suponga problemas para su aplicación porque ya está en vigor en Andalucía.

En concreto, este nuevo impuesto prevé gravar los depósitos bancarios con un 0,3 por ciento hasta 150 millones de euros; un 0,4 por ciento hasta 600 millones y un 0,5 por ciento para más de 600 millones. 

Según la titular de Hacienda, la Junta prevé recaudar 130 millones anuales con esta nueva tasa a las 70 entidades de crédito con sede en Andalucía, aunque su principal objetivo no es recaudatorio, sino que sea un "buen instrumento para que fluya el crédito a las pymes y a las familias". "Queremos que no se recaude, sino que esos 130 millones se transformen en liquidez para nuestro tejido productivo", dijo.

En este sentido, Martínez Aguayo indicó que, dado que serán deducibles de la cuota los préstamos, créditos e inversiones que se destinen a proyectos públicos y privados de la estrategia de Andalucía Sostenible y la Obra Social de las cajas de ahorros, confía en que este impuesto contribuya "un poco más al objetivo de que fluya el crédito a pymes y familias".