La Junta de Andalucía ha presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la decisión de este alto tribunal de archivar la demanda contra la multinacional minera Boliden, en la que reclama 90 millones de euros como compensación por el coste de la limpieza del vertido tóxico de 1998.

La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, anunció ayer el recurso de casación y subrayó que la descontaminación de la cuenca del río Guadiamar y de la marisma de Doñana tras el vertido de lodos tóxicos y aguas ácidas que causó la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar ha requerido "muchísimo dinero" y "muchísimos trabajos".

La titular de Medio Ambiente inauguró ayer en Sevilla la exposición Guadiamar. Ciencia técnica y restauración, que analiza los diez años de trabajos para descontaminar el Guadiamar, y recordó que los tribunales cerraron en 2001 la vía penal para este contencioso; en 2003 la civil, y el año pasado la administrativa.

"No nos hemos rendido y no nos vamos a rendir nunca", advirtió la consejera, quien anunció que si la Junta fracasa en su intento de que el Supremo reabra la vía administrativa, solicitará a la Sala de Conflictos del alto tribunal "que nos diga claramente cuál es la jurisdicción a la que tengamos que acudir". Fuensanta Coves añadió que el desastre ambiental "merece tener un responsable" y la Junta sabe "quién es", así que lo que falta también "es que los jueces nos den la razón y recuperemos una parte importante de la inversión ", enfatizó.

La rotura de la balsa en abril de 1998 liberó unos 6 millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas que contaminaron 4.634 hectáreas a lo largo de 63 kilómetros del cauce, hasta quedar detenido en el límite de Doñana. Los trabajos de descontaminación tuvieron un coste para las administraciones de 165 millones de euros, sólo hasta 2003.