Tras más de un año de retraso, la Junta de Andalucía gestionará finalmente su litoral a partir del 1 de abril, traspaso de competencias que "no cambia la ley ni las sanciones impuestas a los empresarios", según afirmó ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y Moreno, formalizaron ayer en Málaga la cesión de poderes, que incluye la ordenación de chiringuitos.

La Consejería de Medio Ambiente deberá resolver, entre otros aspectos, la situación de cerca de 200 establecimientos que aún no disponen de una concesión en la provincia de Málaga. De esta forma, la consejera de Presidencia aseguró que la competencia se ejercerá "dialogando y cooperando con todos los sectores afectados". "Se buscará siempre el equilibrio entre la obligación de conservación y de preservar ese tesoro que es el litoral y la actividad económica y el turismo", aseguró Moreno, que puntualizó que la Junta "respetará la ley como la que más", ya que, "la transferencia "no cambia" la Ley de Costas. Respecto a las casas edificadas en línea de playa, Chaves aclaró que siguen estando sujetas a la Ley de Costas, por lo que cualquier decisión sobre ellas será siempre judicial.

El calendario de reuniones empezará a partir de febrero. Así, una vez concluya la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 19 al 23 de enero, tendrá lugar la primera reunión entre las consejerías de Medio Ambiente y la de Turismo, Comercio y Deporte y la Federación Andaluza de Empresarios de Plaza. "No sólo queremos que el sector conozca de primera mano el contenido de esta transferencia, sino que queremos, sobre todo, comenzar una línea de trabajo muy compartida, que garantice calidad, singularidad y seguridad jurídica y estabilidad".

Posteriormente, se convocará la comisión mixta de seguimiento formada por el Estado, el Gobierno andaluz y el sector y creada para afrontar esta transferencia, con el objetivo de culminar dichos trabajos. Al respecto, Moreno explicó que en este encuentro de cierre se aportará información sobre la regularización o no de los chiringuitos. No obstante, puntualizó que desde la creación de la comisión mixta ha habido "un trabajo bastante intenso y se han agilizado muchos problemas de alegalidad o de falta de regulación" entre los chiringuitos, habiendo "bastantes avances y muchos más expedientes regularizados".

La transferencia de esta competencia, que ha supuesto un coste de 2,11 millones de euros y el traspaso de 62 puestos de trabajo, desarrolla lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. A partir del 1 de abril, el Ejecutivo autonómico será el encargado de otorgar, de conformidad con la Ley de Costas, las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre (como playas, acantilados, marismas...). También regulará los usos de temporada en las playas y en el mar territorial, se encargará de tramitar las autorizaciones para otros usos que impliquen la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre tales como realización de vertidos, explotaciones de acuicultura, mineros y energéticos, entre otros.

Además, el traspaso de las competencias de gestión del litoral también permitirá la participación del Gobierno andaluz en materia de inversiones en obras de interés general. Así, se crea una comisión bipartita para la planificación de estas obras. La Junta podrá proponer la incorporación de proyectos de inversiones en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así, Andalucía asume la mayor parte de los expedientes que afectan a las autorizaciones y a las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aclaró que el Estado se reserva la última palabra y podrá aceptar o no las propuestas. "Si hay algún conflicto, estamos obligados a convocar una comisión para llegar a un acuerdo".