Una vez que la preparación de la ley reguladora de la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte ha comenzado, el espinoso asunto comienza a suscitar opiniones encontradas. Después de que un alto representante de la Iglesia católica, el cardenal de Sevilla Carlos Amigo Vallejo, calificara la iniciativa de "entretenimiento absurdo", la consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, lamentó ayer en Málaga que la Iglesia "siempre se incline por las interpretaciones más conservadoras".

El pasado miércoles la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria recibió la ponencia redactada por dos de sus vocales: Pablo Simón (médico y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública) y Francisco Alarcos (sacerdote católico y miembro de la Cátedra Andaluza de Bioética). Los puntos fundamentales del documento, respaldado por Montero, establecen el derecho de los pacientes a recibir cuidados palativos en el propio domicilio o en un hospital y la prerrogativa de los enfermos a rechazar un tratamiento o a recibir sedación paliativa.

La titular de Salud señaló ayer que la ley, que el Gobierno andaluz pretende aprobar el próximo año, es "oportuna", "necesaria" y que hay que establecer un marco jurídico con el que los ciudadanos "tengan claro" que se respetará su voluntad y que los profesionales "tendrán que cumplirla siempre y cuando estén dentro de la que se considera una buena práctica profesional para dignificar el proceso de la muerte".

Montero añadió que la sociedad "sabe que no tiene sentido que en el siglo XXI los ciudadanos mueran con sufrimiento sólo porque el marco normativo no está claro" y que no concibe "una vida digna sin una muerte digna".

El cardenal Amigo advirtió el pasado jueves que "lo auténticamente digno es la vida" porque "la persona es intocable" y apuntó que lo que debería preocupar al Ejecutivo autonómico es "la calidad de vida por encima de todo".

Además, lamentó que sean las corrientes o "sectores progresistas o de izquierdas" las que promuevan leyes de esta naturaleza, dado que desde su perspectiva resulta "sorprendente" que estas fuerzas impulsen normativas cuyos perjuicios afectarían especialmente a los colectivos sociales más desfavorecidos.

La consejera Montero recordó el miércoles que esta ley tiene su razón de ser en un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, por lo que la comunidad "tiene competencias" para regular todos los aspectos relativos a este tipo de situaciones.

En cualquier caso, los propios ponentes de la ley la consideran compatible con la moral católica, aunque la futura norma ha provocado también la oposición del Foro de la Familia.