La pesca artesanal mira con preocupación su futuro ante la reforma de la Política Pesquera Común (PPC). Según la propia consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, las propuestas legislativas de la Comisión Europea "no garantizan la viabilidad de la comunidad pesquera andaluza". En el texto se propone, por ejemplo, la definición de la pesca artesanal como aquella que utiliza buques de menos de 12 metros de eslora, extremo que rechaza Aguilera porque "se aleja de la realidad andaluza de la flota marisquera y pesquera". Además no se contemplan subvenciones al desguace de embarcaciones o a los paros biológicos, unas propuestas "inadmisibles porque dichas ayudas son fundamentales para que el sector pueda adaptarse a las medidas propuestas en la PPC", y tampoco se deja claro el papel de la acuicultura. 

El pasado 14 de octubre la Consejería rubricó un acuerdo para la defensa común del sector con la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema) y la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar). Esta alianza  marcará la posición de Andalucía en defensa de la pesca y la acuicultura andaluza ante la reforma de la PPC.

"La pesca costera artesanal, el marisqueo y las almadrabas son fundamentales por su relevancia económica y social en nuestra Comunidad y se encuentran totalmente desamparadas en la propuesta de la Comisión", ha aseverado Aguilera.

Entre las propuestas que barajan la Administración y el sector está la definición de la pesca artesanal en base a criterios como la frescura de las capturas, la cercanía de los caladeros, la dependencia socioeconómica de los municipios con puertos pesqueros y la diferenciación marcada por la eslora con medidas de entre 20 y 24 metros.

Los pescadores son los principales interesados en realizar una pesca sostenible pero para ello  hay que renovar la flota y "no se puede hacer una reconversión a coste cero". Una financiación adecuada y la implantación de forma gradual son las vías necesarias para llevar a cabo la modernización, según el punto de vista del sector andaluz.

En cuanto al rendimiento máximo sostenible éste debe alcanzarse "de manera flexible, gradual y no traumática" por lo que la consejera propone como horizonte el año 2020 en lugar de la fecha establecida por la Comisión, en 2014. De no cambiar el plazo "supondría un fuerte ajuste causando un fortísimo impacto socioeconómico en Andalucía".

El rechazo ante la eliminación de los descartes es "absoluto", como también lo es la asignación de concesiones de pesca transferibles (ITQ). En palabras de la consejera el objetivo que persigue esta medida no es otra que "la reducción de la capacidad pesquera produciendo una concentración de riqueza en pocas manos y perjudicando a las flota de menor tamaño".  

La consejera se reunió el pasado 20 de octubre con el director de Políticas de Desarrollo de la Dirección General de Asuntos Marítimos, Ernesto Penas, uno de los principales responsables en la configuración de la reforma de la Política Pesquera Común. Durante el encuentro le reclamó una definición más amplia y real de la pesca costera artesanal y le trasladó la importancia de la adecuación de las directrices "a las singularidades de las regiones".

En Bruselas Aguilera se reunió también con la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Fraga, e insistió en que las propuestas dela Comisión Europea en relación a la PPC  no garantizan la viabilidad de la comunidad pesquera y acuícola andaluza. Por ello instó a la presidenta de la Comisión de Pesca que luche porque se contemplen los criterios que marca Andalucía  ante la reforma de la Política Pesquera Común , ya que ésta necesita de la codecisión del Parlamento con el Consejo Europeo.

Del mismo modo Aguilera ha explicado que el sector pesquero andaluz precisa del mantenimiento de los acuerdos con terceros países, ofreciendo condiciones  que permitan la viabilidad y rentabilidad de todas las operaciones necesarias para el ejercicio de una pesca responsable y ha demandado un Reglamento específico para la acuicultura, dada la falta de directrices en las actuales propuestas europeas.