La reforma de la financiación local ha quedado aplazada hasta 2011. Un plazo inasumible para un gran número de ayuntamientos a los que la crisis inmobiliaria y la caída de la actividad económica les ha lastrado las arcas. En algunos municipios no hay dinero ni para pagar las nóminas.

A la espera de esa reforma, Andalucía ha comenzado a trabajar por su cuenta en leyes autonómicas que permitan a los municipios hacer frente a la asfixia financiera de sus ayuntamientos y compensarles por las competencias que han asumido (dependencia, guarderías o inmigración, entre otras) y que no les corresponden.

El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer a las leyes que delimitarán las competencias propias de los ayuntamientos -denominada Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula)- y la que asegurará a los ayuntamientos la participación en los tributos autonómicos, en lo que se dio a calificar en reiteradas ocasiones como un día "histórico" al atender una demanda municipal latente desde 1979.

Pocas dudas se despejaron sobre el cambio que supondrán estas leyes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, una vez los titulares de Gobernación, Luis Pizarro, y Economía, Carmen Martínez Aguayo, glosaron la iniciativa de la Junta para conseguir la autonomía local y que dieron en llamar el "Estatuto de los ayuntamientos".

En claro, Pizarro cifró en 29 las competencias que se fijarán como propias de los gobiernos locales, solicitadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), lo que supera "con creces" -trece más- las que se recogen en la actual Ley de bases de Régimen Local. Será hoy en una reunión con los representantes de la FAMP cuando se conozcan a qué competencias se refiere, que ayer se negaron a facilitar. Pizarro abrió además la posibilidad a negociar con los municipios, o un ayuntamiento concreto, las competencias a transferir -mediante ley- o a delegar -mediante decreto-.

En la carta de competencias que los ayuntamientos han puesto sobre la mesa de negociación con la Junta figuran, entre otras, las políticas activas de empleo -hace sólo seis años que se transfirieron a la Administración autonómica-, los programas de autoempleo o la formación ocupacional. Pero es en el ámbito social y educativo donde se reclaman más traspasos. Desde la gestión de la ayuda a domicilio y programas de acogimiento familiar o para mujeres, menores o personas sin recursos, a la gestión de las políticas sociales recogidas en la Ley de Dependencia, infraestructuras educativas o la posibilidad de establecer titulaciones universitarias.

Sobre la ley de participación en los tributos de la comunidad tampoco se despejaron las principales incógnitas. La mayor, a cuánto ascenderá el porcentaje que se les cederá. Martínez Aguayo afirmó que se fijará una cantidad que evolucionará en los años sucesivos. Por lo pronto, Economía congelará en los Presupuestos de 2010 la partida que este año se destinó al fondo de nivelación, 159 millones.

Aguayo resaltó que Andalucía es la primera comunidad que fija una cantidad para los ayuntamientos de carácter incondicionado, para que los gobiernos municipales hagan con ese dinero lo que quieran. Siempre bajo la tutela financiera de la Junta, claro, para que no se cometan desvíos. Desde 2004, con 40,2 millones, este fondo se ha cuadruplicado. A los ayuntamientos, la Junta destina otro plan de cooperación que en 2009 ascendió a más de 1.300 millones, éstos sí con carácter condicionado, bajo subvenciones u otras fórmulas de cooperación.

Saldada quedó la polémica surgida en el grupo de trabajo previo creado en el Parlamento en el que el PP pedió la participación de los ayuntamientos sobre los ingresos y no sobre los tributos. Pizarro recordó que en el Estatuto se acordó que la participación fuese sobre los tributos. En 2009, la previsión de ingresos de la Junta de Andalucía era de 33.543 millones de euros, de los que 12.753 millones (un 38%) corresponderían a lo recaudado por impuestos directos, indirectos, tasas y precios públicos. De estos últimos, el citado fondo de nivelación contó con 159 millones, el 1,2%.

Sobre lo que sí hubo cambios fue en la retroactividad que se planeaba para la ley, es decir, que se que incluyan las partidas desde enero de 2010 aunque las normas se aprueben en el Parlamento a mediados del próximo año. Aguayo afirmó que las leyes locales serán efectivas a partir de la fecha en la que las futuras normas sean aprobadas.