La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha rechazado las acusaciones del PP de que la próxima Ley de Gestión Integral del Agua va a conllevar una subida de impuestos para los andaluces, y ha señalado que, por el contrario, no va a "repercutir en nada" económicamente para los ciudadanos.

Castillo ha respondido a una pregunta oral en pleno formulada por la diputada del PP Carolina González-Vigo, quien ha acusado a la titular de Medio Ambiente de "no decir la verdad" a los andaluces, ya que tiene la certeza de que la futura Ley de Gestión Integral del Agua se traducirá en una subida de los impuestos en esta materia.

La consejera, que recordó que el proyecto de ley se presentará en el primer periodo de sesiones del año 2009, ha acusado a la diputada popular de formular una pregunta distinta a la que después argumenta durante su intervención, de forma que aprovecha su turno para hacer una "arenga" sobre un asunto sobre el que ya ha contestado.

La titular de Medio Ambiente se ha limitado a informar de que la futura ley tendrá como objetivo garantizar el derecho de los andaluces al abastecimiento y a mejorar la calidad de los servicios que en esta materia se prestan, y ha anunciado que la Consejería está "inmersa" actualmente en "un gran acuerdo andaluz por el agua".

De este acuerdo, según Castillo, saldrá un borrador que servirá para la futura ley en el que se establecerán "todas las cuestiones" que el PP está planteando, y que,a su juicio, la parlamentaria popular plantea con una "exposición temeraria", y con "acusaciones" a las que este partido "nos tiene acostumbrado".

Por su parte, Carolina González-Vigo, que ha señalado que con la respuesta de la consejera se pone de manifiesto el "fracaso" del PSOE y del presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la gestión del agua, ha lamentado que Castillo anuncie la presentación de la ley "nueve años después" del primero de los anuncios realizados.

"¿No le parece que nueve años son una incompetencia sin precedente?", se ha preguntado la diputada del PP, quien ha recordado a Castillo que el Consejo Económico y Social (CES) y los propios regantes le han trasladado su preocupación por la subida de impuestos que conllevará la aprobación de la ley.

Tras preguntar sin éxito si el canon de saneamiento va a suponer que los ayuntamientos tenga que imponer más impuestos a los vecinos, González-Vigo ha recordado que la Junta reconoce que faltan 300 depuradoras en Andalucía, pese a la normativa de la UE puso como límite el año 2006.

También ha reprochado que la Agencia Andaluza del Agua haya ejecutado, al 30 de junio, solo el 6 por ciento de sus presupuestos, y ha pedido al Gobierno andaluz que sea más eficaz en la gestión, que tenga "más cuidado" con el dinero publico y que "no carguen con su ineficacia" a los ayuntamientos y a los andaluces.