Las limitaciones al endeudamiento han forzado a la Junta de Andalucía a poner toda la carne en el asador para que prospere la fórmula de cofinanciación público- privada de infraestructuras y evitar que algunas tengan que guardarse en un cajón hasta tiempos mejores. Y parece que va a lograrlo. Según sus previsiones, podrá sacar adelante por esta vía proyectos por importe de 2.500 millones de euros para lo que queda de este ejercicio y hasta mediados de 2011. La consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, dijo ayer tener "expectativas realmente positivas" de que esto se va a conseguir y que sería una colaboración con la iniciativa privada "concebida sin peaje a la sombra".

Tras participar en el desembarco ministerial en las obras del segundo puente de Cádiz -a la visita asistieron los ministros de Fomento, Interior e Igualdad-, e intervenir en una reunión del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de Cádiz, Aguilar manifestó que desde la Junta se ha presentado un plan de colaboración público-privada "muy riguroso y serio", cuyos pliegos de licitación han sido consensuados con los empresarios y las entidades financieras, con lo que la Administración andaluza tiene "la firme decisión de empezar a sacar a licitación obras en el mes de septiembre".

El objetivo que se persigue, como explicó Aguilar, es que esta colaboración signifique adelantar inversión, lo que supone crear empleo, impulsar el desarrollo económico de Andalucía, generar oportunidades y mejorar las infraestructuras, lo que contribuye a la vertebración territorial.

La consejera quiso dejar claro que se trata de una colaboración "concebida sin peaje a la sombra", insistiendo en que las expectativas son "realmente positivas" porque se ha trabajado "con rigor, seriedad y responsabilidad".

Este anuncio, que significa un balón de oxígeno para el sector de la construcción, se produce 24 horas después de la reunión entre el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se rescataron de los planes de recorte del Ministerio de Fomento cinco infraestructuras importantes para Andalucía -entre ellas, el segundo puente de Cádiz, las autovías A-7 y A-32-. En este encuentro, el Ejecutivo central también garantizó que de los 500 millones con los que Fomento ampliará su partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2011, 120 millones irán destinados a esta comunidad.

Pero mientras estos proyectos y recursos estatales se concretan, y la cofinanciación público-privada termina de cuajar, al sindicato UGT le urge saber qué obras son las que se van a ver afectadas por los recortes presupuestarios de la Administración andaluza para el próximo ejercicio. El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, emplazó ayer a la Junta a que defina el mapa de las inversiones que van a sufrir el tijeretazo autonómico y que haga "todos los esfuerzos posibles para suplir la disminución de recursos - tanto propios como estatales- en las infraestructuras". Entre estos esfuerzos, mencionó que el Gobierno andaluz recurra al endeudamiento en sus próximas cuentas para no paralizar las obras pública previstas.

Esta petición, el líder sindical la fundamentó en que de no haber dinero para estos proyectos, el efecto más inmediato es la caída del empleo. De ahí que instara a la Junta a analizar y establecer qué actuaciones son prioritarias, aconsejando como criterio tanto el interés general como las que mayor empleo generen.

Esa planificación "clara y concreta" de recursos y plazos de las obras a ejecutar, Pastrana confió en que salgan a relucir en la reunión que mantendrán empresarios y sindicatos el próximo 2 de septiembre con Obras Públicas.

De la reunión entre Griñán y Zapatero, el líder sindical también valoró el anuncio sobre la reforma de los servicios de empleo y apuntó que cualquier cambio debe realizarse a través de la negociación y del acuerdo con los sindicatos y los empresarios.

"Entendemos que en Andalucía es necesario mejorar la capacidad de intermediación entre trabajadores y empresas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y estamos dispuestos a negociar cualquier reforma que pase por un compromiso de mejora, pero también de respeto a los propios empleados públicos del SAE", insistió.

El sindicalista añadió que una reforma que no cuente con los agentes económicos y sociales "difícilmente" saldrá adelante y recordó que en el decreto de reordenación del sector público aprobado por la Junta en julio, "ya se apuntaba la concreción del SAE en una agencia".