La reducción de forma sostenida de la siniestralidad y mejorar las condiciones de la actividad laboral es el objetivo esencial de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer. En realidad, lo que persigue este programa, continuación del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales que entró en vigor en 2004 y expira ahora, es acabar con las muertes en el tajo en cuatro años (2010-2014). El consejero de Empleo, Antonio Fernández, que presentó el plan, quiso dejar claro que la Junta no renuncia al objetivo de "siniestralidad mortal cero". La luz verde a esta iniciativa gubernamental coincidió ayer con la muerte en Marchena (Sevilla) de un obrero de 59 años en un accidente laboral [ver pág. 22].

Precisamente, la nueva estrategia que quiere desarrollar la Consejería de Empleo hace especial hincapié en la investigación de la accidentalidad laboral a escala local, sobre la base de las principales actividades económicas de los municipios y con una atención centrada en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, donde se hace más difícil el control. Otras novedades que incluye el plan son la creación de un laboratorio-observatorio que estudiará las condiciones de trabajo que entrañen riesgos para las mujeres embarazadas y un seguimiento que frene el repunte de siniestros relacionados con el empleo de tractores en el ámbito agrícola, mediante acciones formativas y de vigilancia y control.

La inversión que sostiene esta estrategia es de 130,1 millones de euros. Fernández, encargado de dar a conocer las líneas maestras del proyecto, destacó asimismo que se intensificará el trabajo de detección y reconocimiento de las enfermedades profesionales, principalmente las derivadas de la exposición a agentes químicos, las patologías musculoesqueléticas y las asociadas al ruido. Fernández subrayó el carácter "estable, abierto y flexible" de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo primer desarrollo se concretará en un plan de dos años para 2010-2011. Éste incluirá el diseño de un programa de actuación sobre empresas con mayor incidencia de las enfermedades profesionales y la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para el control de los riesgos psicosociales.

Respecto a la estrategia en su conjunto, las medidas suponen una ampliación de las desarrolladas desde 2004 y cuyo principal efecto ha sido una reducción del 30,68% en el número total de accidentes, del 43% en la mortalidad y del 33,38% en la tasa de incidencia (que relaciona la cifra de siniestros con la de trabajadores dados de alta).

Entre las 91 líneas de actuación programadas en la estrategia, con un presupuesto que prácticamente dobla los 65,8 millones de euros del plan anterior, siguen destacando la orientadas a ayudar a las empresas a mejorar el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos, fundamentalmente a través de incentivos económicos, acciones de asesoramiento directo (sobre todo en los ámbitos de las pymes y los autónomos), programas de renovación de equipos preventivos y planes de actuación específicos para las empresas con mayor siniestralidad y para las administraciones públicas. Junto con ello, se incluyen acciones para fortalecer la implicación de empresarios y trabajadores, a través de la negociación colectiva, y se introducen nuevos baremos para primar las buenas prácticas preventivas de las empresas en el acceso a la contratación pública.

Más allá del ámbito laboral y empresarial, el documento recoge también medidas para seguir impulsando el aprendizaje de hábitos de seguridad y salud en los niveles educativos iniciales (Primaria, Secundaria y Bachillerato), los programas de formación superior específica para técnicos o expertos en la materia (principalmente especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo) y los diseñados para empresarios, trabajadores en activo y desempleados.