En la última semana de octubre la Junta de Andalucía ha desbloqueado solicitudes del denominado salario social que se encontraban pendientes desde verano. Las comisiones provinciales han aprobado la concesión de 17.492 nuevas ayudas, lo que eleva a 47.329 las personas que han recibido este ingreso, una cifra récord en la historia de esta prestación a falta de dos meses para que termine el año. Hasta el pasado miércoles la Junta ha recibido 54.181 solicitudes. El presupuesto previsto para este año de 70 millones ya se ha gastado, por lo que esta última remesa ha ido a cargo de los 44 millones adicionales aprobados en mayo en el decreto de exclusión social. Se ha contado con un crédito de 28 millones, por lo que quedan 16, que se utilizarán, si hay tiempo, para una nueva remesa de peticiones.

El salario social (o Ingreso Mínimo de Solidaridad) es el último recurso disponible para las personas que han agotado las demás fuentes de ingresos, como las prórrogas de 400 euros. Se concede durante seis meses y el pago oscila entre 400 y 645,30 euros mensuales, dependiendo de los componentes de la unidad familiar.

Al ser una ayuda para familias al límite, el retraso en el pago estaba desesperando a los afectados y a asociaciones de exclusión social, mientras se sucedían declaraciones rimbombantes por parte de los dirigentes de la Junta.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, que priorizó en su discurso de investidura la agilidad de este recurso, se comprometió a mediados de octubre con las asociaciones presentes en la Mesa del Tercer Sector a resolver las solicitudes en tres meses, un plazo que ya recoge la propia normativa de 1991 y que se acortó a dos meses con el decreto de exclusión social aprobado en mayo.

Los afectados hablan de retrasos de entre ocho y diez meses. La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha recibido este año 67 quejas por este concepto.

María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, niega la dilación. Estima en unos cuatro meses de media el plazo para satisfacer la solicitud, y en 24 días el tiempo que transcurre desde que se aprueba la concesión hasta que finalmente se abona.

La consejera asegura que, en ocasiones, hay dificultades para que el solicitante justifique los requisitos y ése tiempo que se pierde en cumplimentar el expediente, de unos dos meses y medio, retrasa el cobro de la ayuda. "Vamos a procurar que el expediente se complete cuanto antes y con ello nos pondremos en un anticipo de lo que puede ser la Renta Básica", avanza.

Aunque a veces los responsables políticos se confunden, quizá intencionadamente, de una a otra ayuda difieren trazos gruesos. Dice el Estatuto en su artículo 23, apartado segundo: "Todos los andaluces tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley".

Pese a que se ha prometido en varias legislaturas, la Junta siempre ha encontrado un motivo para posponer la aprobación de la Renta Básica. Con la crisis y el esfuerzo económico que contraería, la excusa la encuentra hasta Izquierda Unida, su más firme impulsora y ahora socio de Gobierno, que ya ni la menciona entre sus prioridades.

La Renta Básica, que no tendría el límite de seis meses de vigencia al ser un derecho, cuenta con la promesa del Gobierno de constituir en el futuro un grupo de trabajo en el Parlamento, donde se analizará lo que hacen otras comunidades. Parece de ilusos imaginar que se alcance al País Vasco, que gracias a su concierto ofrece rentas desde 600 a 1.100 euros para unidades familiares de tres componentes, incluidos extranjeros y parejas de hecho, lo que excluye el actual salario social andaluz.

Superadas un año más las previsiones del salario social, Sánchez Rubio asegura que se ha reforzado el personal administrativo en las delegaciones y que éste trabaje para que sea posible la convocatoria de una nueva comisión antes de que acabe el año para valorar las peticiones que entren a partir de ahora. Se trataría de acabar con una práctica frecuente en la gestión del salario social de aplazar las últimas peticiones del año a la "anualidad futura", es decir, al Presupuesto del siguiente ejercicio. Éste habría sido uno de los condicionantes para que el presupuesto de 70 millones de este año se haya acabado sobre verano (al afrontar pagos atrasados de 2012), aunque Sánchez Rubio también niega este extremo y asegura que todo el gasto se vincula con mensualidades de 2013.

Si al final entran como beneficiarios los nuevos demandantes de salario social, se superarán los actuales 46.000 perceptores y se agotarían los 44 millones extra, aunque también es posible que no se convoque una última comisión.

La Consejería cuenta con una previsión de que a final de año llegarán 63.000 solicitudes, aunque detecta un menor ritmo de entrada por las campañas de temporeros y por los contratos en los ayuntamientos derivados del plan de exclusión social, dos ofertas dirigidas a ese mismo perfil.

Sánchez Rubio sí desecha a partir de ahora trasladar en sus comparecencias públicas un cálculo sobre el número de beneficiarios (perceptores más unidades familiares dependientes) de esta ayuda social, y que le llevó recientemente a cifrar en 130.000 los agraciados por esta prestación que habrá a final de año. Esta previsión originó confusión.

Con todo, los 47.329 perceptores suponen ya un incremento del 43% con respecto a los del año pasado y más del doble de los 18.000 que la recibieron en 2008, antes del impacto de la crisis económica que ha disparado las peticiones de esta ayuda entre la población en riesgo de exclusión social en la comunidad andaluza.