La investigación de la Junta para conocer las posibles irregularidades cometidas en la entrega de subvenciones para cursos de formación entre 2007 y 2012 continúa y el consejero de Economía, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, dio cuenta ayer de los últimos avances desde la tribuna del Parlamento. La principal novedad es que la Administración autonómica reclama ya 71,9 millones de euros de los 1.613 concedidos, es decir, el 4,5% de la cantidad total. En número de expedientes, el montante reclamado se corresponde con 1.013 ayudas de un total de 8.505 que están pasando por los filtros.

La primera sesión ordinaria de la legislatura sirvió para que Sánchez Maldonado se estrenara en sus comparecencias respecto a los cursos de formación, una investigación que están llevando a cabo 134 funcionarios y 87 técnicos, según explicó el consejero, que tomó ayer el relevo de Luciano Alonso al haber recibido su departamento las competencias de empleo.

Maldonado aprovechó para elogiar la labor administrativa iniciada en la pasada legislatura y que ya ha comprobado la justificación de 5.300 expedientes por un valor de 728,5 millones de euros. En este grupo se encuentran los 1.013 que reclaman, otros 190 que están en proceso de reintegro -aunque su valor asciende a 167,5 millones de euros- y 4.097 expedientes justificados correctamente y que supusieron la entrega de 485 millones en concepto de ayudas a la formación.

A las 5.300 subvenciones ya analizadas hay que sumar un grupo de 2.127 expedientes que están en trámite de verificación y tuvieron un coste de 662,5 millones de euros. Para llegar a los 8.505 expedientes tramitados en los seis años que se pretende analizar, habrá que esperar a que finalice el plazo de justificación de 1.077 ayudas por un valor de 222 millones de euros.

La intención del consejero es comparecer cada mes en la Comisión de Empleo para desgranar los avances de la investigación administrativa. Sánchez Maldonado reiteró la intención que tiene su departamento de "dar rápida respuesta" a los requerimientos que hagan los juzgados que investigan el presunto fraude de los cursos de formación. También aprovechó para pedir la colaboración de los grupos parlamentarios, así como "esfuerzo y dedicación común" para solucionar el problema por la vía administrativa.

"Estamos por ayudar, pero la Junta no controlaba las ayudas", contestó José Antonio Castro, una posición compartida por el líder de Ciudadanos, Juan Marín, que recordó su apuesta por establecer una comisión de investigación al respecto. Sin embargo, el portavoz de IU criticó "las exceptuaciones y exoneraciones" que, en su opinión, existieron durante muchos años. También criticó la ausencia de un plan de inspección in situ y la connivencia con ciertas empresas "para las que eran todo facilidades". No olvidó una mención expresa al ex consejero Ángel Ojeda y no dejó pasar la oportunidad de recordar el papel de su partido a la hora de poner en marcha las comparecencias de Alonso durante la legislatura anterior.

Y eso fue lo que le recriminó Teresa Ruiz Sillero, portavoz de Empleo del PP, que preguntó a Castro y al consejero por una serie de informes de mayo de 2014 realizados por los interventores provinciales "que dicen que el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) no ha cumplido con la ley en la entrega de unas subvenciones". Ruiz Sillero, que fue la más beligerante, criticó al Gobierno por impedir la comparecencia del Interventor General al respecto del informe de actuación. En el terreno de las propuestas, la parlamentaria popular exigió que se pusieran en marcha los cursos de formación para el empleo, puesto que llevan tres años paralizados. En este sentido, coincidió con Carmen Lizárraga, de Podemos, que apostó por dejar de lado los números para que "no se deje de lado a las personas más débiles".