Que la Justicia no goza de buena imagen entre los ciudadanos no es nada nuevo. Una reciente encuesta realizada por el Centro de Estudios Andaluces de la Consejería de la Presidencia de la Junta ha concluido que el 79,7% de los ciudadano considera que la Justicia es poco eficiente y, atendiendo a los recursos de que dispone, no actúa con rapidez. La proporción de ciudadanos que considera que los jueces se equivocan al emitir sus sentencias y que no tratan a todas las personas por igual se sitúa en parámetros similares. Los jueces apenas sacan un aprobado -5,46- frente a la puntuación de notable que alcanzan otras profesiones como los médicos -7,83-, maestros -7,56- y trabajadores sociales -7,43-.

Frente a esta opinión, los jueces y los funcionarios de Justicia culpan de esta imagen a la falta de medios personales y materiales que hay en los juzgados y tribunales, unas carencias que caen dentro de las competencias de la Administración autonómica y estatal, competentes en la Justicia. Los jueces también critican el "acoso" de la Justicia desde el mundo de la política.

El decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, considera que la Justicia es eficaz "dentro de los límites de medios con los que los jueces cuentan para hacer su labor" y el ciudadano "está informado de que la aportación de medios le corresponde a las administraciones, no a los jueces".

El decano considera que mientras no se resuelven esas carencias, "parece que la Administración se justifica con encuestas de este tenor, que no digo que no sean ciertas, pero hay que tener en cuenta las competencias de cada uno", advirtió Francisco Guerrero.

El magistrado, que durante muchos años fue juez de lo Penal antes de ser elegido como decano, entiende que esta encuesta no es injusta pero "no tiene en cuenta si el ciudadano sabe cuál es el trabajo que realiza el juez o magistrado. Los ciudadanos no saben si los juzgados están saturados, que los jueces trabajan por la tarde en su casa e incluso los fines de semana. Si conocieran estos extremos, entonces cambiaría esa visión".

Para el decano, el ciudadano es "consciente" del volumen porque acude a los tribunales, pero "no sé si es consciente de la falta de medios". La solución, continúa Guerrero, pasa por la creación de órganos judiciales después de cuatro años sin que se cree un solo órgano para "adecuar la entrada de asuntos" a la media que estima como adecuada el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "A partir de ahí empezaríamos a hablar de la futura reforma de la Oficina Judicial y de los futuros e inciertos en su contenido Tribunales de Instancia", de los cuales aún se desconoce el grado de implantación, su carácter provincial o comarcal, o si van a continuar los partidos judiciales.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, Álvaro Martín Gómez, considera por su parte que el estudio sobre la Justicia, sin perjuicio de los matices que se le puedan realizar, refleja una "valoración muy negativa" de la Justicia que, a su juicio, es consecuencia de los "años que lleva la Justicia en una situación de abandono en lo referente a los medios materiales y humanos, lo cual ha determinado su falta de eficiencia, y del acoso al que la misma se ve sometida desde el ámbito político". El representante de la asociación mayoritaria en la carrera judicial considera que el reproche que se hace sobre la falta de independencia es la "consecuencia de la injerencia política en el Gobierno del Poder Judicial y, si bien los ciudadanos pueden tener la certeza de que el juez que resuelve un caso lo hace en conciencia y sin atender a consideraciones políticas, es explicable que el ciudadano perciba la Administración de Justicia como sujeta a este tipo de interferencias".

Para Álvaro Martín, sólo una "apuesta decidida por la inversión en Justicia, con mejora de recursos humanos y materiales y con adecuación de la legislación a los tiempos actuales, y sólo un verdadero compromiso por el respeto a la independencia del Poder Judicial pueden permitir ir mejorando este tipo de resultados".

Los funcionarios también comparten la opinión de los jueces. El vicepresidente de Justicia del sindicato CSIF en Sevilla, José María Soriano, explicó que "comprende la imagen que tienen los ciudadanos a pesar de la amabilidad y el trato profesional que ofrece el personal de Justicia, porque en muchas jurisdicciones la Justicia está por debajo de las necesidades reales de los ciudadanos". El representante sindical puso como ejemplo el estado en que se encuentran los juzgados de lo Social y de lo Penal, completamente "desbordados", y subrayó las carencias que existen en determinados partidos judiciales.

Para José María Soriano, el ciudadano que "acude al amparo de la Justicia se siente defraudado en cuanto al tiempo y la duración de su denuncia o pleito" y recuerda que cada año se confeccionan estadísticas por parte del TSJA, el decanato y el CGPJ donde se relacionan los "déficits en personal y materiales, y año tras año se renuevan las estadísticas sin solucionarlo". La solución pasa, según Soriano, por aumentar el número de funcionarios -en torno a unos 150 o 200 sólo en Sevilla- y de órganos judiciales.

Este periódico intentó recabar la opinión del consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, sobre la encuesta pero no obtuvo ninguna respuesta del titular de Justicia.