La rendición del presidente de la Comunidad de Madrid al poner fin al plan de privatización de seis hospitales de gestión pública, proyecto diseñado por el consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, uno de los cadáveres políticos que arroja esta polémica operación, invita a realizar varias lecturas. Las primeras, como suele ocurrir, llegaron por la vía política.

Horas después de que Ignacio González diera marcha atrás a su proyecto de transferir a manos privadas seis hospitales públicos (como ya ocurre con cuatro hospitales de su región), el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, declaró que el "mismo" proceso de privatización frustrado en Madrid "está vigente en otras comunidades autónomas" como Andalucía y Cataluña. A lo que añadió, en declaraciones a los micrófonos de Radio Nacional, que en torno a este tema se ha construido un discurso "que no se corresponde con la realidad", ya que "la externalización no impide que siga siendo la sanidad pública".

Dejando a un lado el modelo catalán -por la propia génesis de un sistema abonado a los consorcios y mutualidades propiciado por la herencia de la burguesía catalana- en lo que respecta a Andalucía las palabras de Floriano son ciertas, pero sólo en parte. Es decir, el sistema andaluz de salud (SAS), un gigante con más de 100.000 profesionales, sí ofrece servicios que son gestionados desde lo privado, pero esto sólo representa un porcentaje de toda la actividad que realiza el sistema publico; un sistema que, a día de hoy, aunque no falto de críticas -ahí está la continua polémica por el colapso en las urgencias, la crisis reciente por las muertes de Gripe A o el grito en la calle por la reducción al 75% de la jornada a los eventuales del sistema sanitario público- es uno de los modelos más aplaudidos dentro del territorio nacional y modelo en ámbitos internacionales cuando se habla de sistemas sanitarios que tienen prácticamente el 100% de la provisión. La consejera del ramo María José Sánchez Rubio, soliviantada por las palabras de Floriano, recordó el dato esta semana: "El 96,4% de nuestra gestión es pública".

La actividad que se desarrolla en los 47 hospitales de titularidad pública repartidos por la geografía andaluza se complementa a día de hoy con la actividad que se hace en el ámbito privado mediante conciertos sanitarios en 17 centros que, de manera paralela, cuenta con actividad propia privada para sus respectivos abonados.

Menos Jaén, que no tiene con ningún centro en régimen de concierto, en todas las provincias restantes los usuarios pueden ser derivados a estos hospitales privados. En Andalucía la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales tiene concertada alguna actividad con entidades como la Cruz Roja, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la Empresa José Manuel Pascual Pascual y otras situados en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Granada, Málaga y Sevilla.

¿Y por qué se contrata los servicios de una empresa privada existiendo lo público? Ésa es la principal crítica que realizan los sindicatos, organizaciones que subrayan además que la actividad contratada por el gigante SAS en los centros concertados se ha disparado en los últimos años. Según la propia Consejería, "en el presupuesto del año 2014 sólo el 3,6% del montante se destina a esta partida, un porcentaje que ha bajado desde el 3,7% de 2013 y el 4,5% de 2012". Una bajada lógica si se tiene en cuenta que la Consejería de Sánchez Rubio ha sufrido este año un recorte de casi un 2%.

Fundamentalmente ese presupuesto va destinado, en teoría, a aliviar las listas de espera y se concierta hospitalización, intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria, pruebas diagnósticas (principalmente radiología, cardiología y digestivo) y algunas sesiones de especialistas y sesiones de fisioterapia.

Tan asentada está la convivencia del SAS con los gestores privados de estos hospitales que, incluso, como reconoce la propia consejería en la Memoria de la Actividad de los Hospitales Concertados de Andalucía 2011 "dado el papel de complementariedad del sector concertado con el Sistema Sanitario Público de Andalucía, estos se han ido adaptando de forma adecuada a las necesidades que han planteado los hospitales públicos a través de las Unidades de Gestión Provincial de cada Delegación de Salud".

En paralelo, otra de las lecturas que arroja esta nuevo plan frustrado del Gobierno de Madrid -el proyecto Eurovegas supone uno de los episodios más contestados y equívocos del Ejecutivo del delfín de Esperanza Aguirre- es el triunfo de la protesta en la calle.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite hasta siete recursos de distintos colectivos y ya el pasado lunes sentenció esta historia con el rechazo al recurso del Gobierno madrileño contra la paralización cautelar del plan de privatización que estos colectivos habían solicitado. Atrás quedan las multitudinarias mareas blancas -una denominación copiada para las manifestaciones en defensa de la educación pública-, las réplicas en el resto del país y las cinco semanas de huelga indefinida de los médicos madrileños, que dejaron 50.000 consultas suspendidas y cerca de 6.500 operaciones paralizadas. "Hemos ganado una batalla, pero no la guerra", indicó a Efe el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el médico Marciano Sánchez Bayle, porque, comenta, esta "satisfacción" no debe hacer olvidar la presión reivindicativa por los "recortes" en Sanidad.