La presidenta de la Junta, Susana Díaz, tiene dos caras cuando se trata de hablar de corrupción, según el PP andaluz. La jefa del Ejecutivo autonómico no ha tenido empacho desde su llegada al cargo en proclamar su repugnancia ante el fenómeno de la corrupción, pero su actitud es bien distinta cuando el partido de la oposición plantea un debate parlamentario para encarar el problema en la Administración autonómica. Esa sesión sufre el veto de los socios en la Junta, el bipartito, como lo bautizó el PP.

"No rechaza la corrupción quien veta hablar de corrupción" en la Cámara, criticó ayer, en clara referencia a la presidenta, la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP-A, Dolores López, quien consideró que "ya es hora" de que Díaz asuma su responsabilidad y "cuente toda la verdad", ya que el Consejo de Gobierno "conoció durante años el sistema fraudulento de los ERE".

Tras destacar que la realidad demuestra que "detrás de una cara nueva se esconde un fondo muy oscuro", la parlamentaria popular recordó que en el año 2012, cuando Díaz ya formaba parte del Gobierno autonómico, se concedieron avales millonarios a través de empresas públicas por importe de 53 millones, "de los que 23 se han perdido".

"El Gobierno que preside Díaz es el mismo que durante años usó un sistema fraudulento en el que están implicadas varias consejerías", acusó López, que insistió en que la presidenta tiene la obligación de explicar ante la Cámara las irregularidades en el uso del dinero público. La diputada también criticó que el PSOE y el Gobierno andaluz persistan en transmitir la idea de que el caso de los ERE "es una cosa del pasado", al recordar que este asunto afecta a las cuentas actuales de la Administración andaluza.