El PP puso ayer en su punto de mira a tres empresas públicas y, de nuevo, y de rebote, al ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y a su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán. Los populares tienen un informe donde detectan supuestas anomalías en su gestión y tienen previsto ponerlo ya en manos de la Fiscalía Superior de Andalucía. Como explicó el portavoz de Presupuestos del Grupo Popular, Salvador Fuentes, ese documento no es más que un informe de la propia Cámara de Cuentas andaluza sobre la gestión de la empresa pública Sandetel y sus filiales Citandalucía y Sadesi, y en donde se detecta "incumplimiento" de la Ley en "el ámbito contable, laboral y de contratación" que puede ser "constitutivo de delito".

El documento, según Fuentes, evidencia presuntas "actuaciones fraudulentas al margen de la Ley cometidas por el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán". Así, dependiendo de la decisión del fiscal tras analizar las supuestas "irregularidades que pone de manifiesto el informe", el PP-A denunciará en la Justicia el caso, después de demandar en el Parlamento andaluz "la creación de una comisión de investigación para analizar dicho informe".

La Cámara de Cuentas de Andalucía detectó "irregularidades" contables y de contratación en la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel) y sus filiales Sadesi y Citandalucía.

Sandetel es una sociedad instrumental de la Junta, dependiente de la Consejería de la Presidencia y participada en un 51% por la Agencia IDEA de la Consejería de Innovación y en un 49% por la RTVA.

El informe de fiscalización de 2007 revela que se detectaron contratos para los que existía "indicación expresa" de la Consejería de Innovación del que debía resultar adjudicatario. Además, se refiere a "incumplimientos" en los estados financieros, entre ellos de "debilidades" en el control interno y la imposibilidad de comprobar la legalidad del sistema de acceso a puestos en Sandetel y Citandalucía.

Refleja la indicación expresa de contrataciones y de la prórroga de contratos que por su cuantía debían haberse ofertado públicamente, según la Cámara, que cita casos concretos como el de seis empleados de Citandalucía y uno de Sandetel que prestan sus servicios de forma permanente en la Consejería de Innovación.

En opinión del PP-A, la fiscalización "confirma lo que todo el mundo sospecha, que hay una trama y una red clientelar en la que se colocan amigos y parientes, y adjudicaciones a empresas a dedo". Salvador Fuentes también ha esgrimido que viene a "constatar prácticas que no nos cogen de sorpresa", y ha recordado que la Cámara de Cuentas recoge el "incumplimiento" de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, del Estatuto de los Trabajadores, de la ley de Presupuestos de la Junta, del Plan General Contable y de la ley general de Subvenciones.

Durante la época en se produjeron estas circunstancias, el responsable de la Consejería de la Presidencia era Gaspar Zarrías, mientras Francisco Vallejo ocupaba la Consejería de Innovación, por lo que Fuentes ha advertido de que la gestión de ambos "empaña" tanto la imagen de Manuel Chaves, entonces presidente andaluz, como del actual, José Antonio Griñán.

"La sombra de la duda en la gestión de ambos se ha alargado", ha apostillado Fuentes.