La vicesecretaria de Organización del Partido Popular andaluz, Ana Corredera, criticó ayer que la Junta "meta la tijera" a las familias, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales, pero no "a su aparato político" ni a su "administración paralela".

Así reaccionó Corredera en rueda de prensa a la información publicada por esta redacción, en la que se anunciaba la suspensión por parte de la Consejería de Presidencia que ostenta Manuel Jiménez Barrios de una línea de ayudas que, desde 2002, han venido recibiendo diversas asociaciones y entidades locales como ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades. La Consejería de la Presidencia dejó sin efecto la convocatoria de 2013, aún sin resolución, y suspendió la de este año.

La dirigente popular anunció que su Grupo Parlamentario va a registrar una solicitud de comparecencia en la Cámara andaluza para que el responsable de esta área, el consejero Manuel Jiménez Barrios, "explique" esta decisión que, a su juicio, repercutirá directamente en los servicios sociales y comunitarios de los que se benefician los andaluces, ya que muchos de ellos están en manos de "asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales" y ahora se los "cargan de un plumazo".

Además de considerar "muy preocupante" esta suspensión de subvenciones, Corredera puso el acento en que, "una vez más, el bipartito que presume de social mete la tijera a las ONG, a los ayuntamientos y a las familias, en vez de meterlas en todo su aparato político o en esa administración paralela". "El consejero de Presidencia y la propia Susana Díaz tendrán que explicar por qué estos problemas de presupuesto, por ejemplo, no afectan a las ayudas al sindicato amigo (en referencia a UGT) pero sí a entidades locales, a ayuntamientos y a asociaciones sin ánimo de lucro. Creo que tienen que decir mucho al respecto", concluyó.

En diciembre, la Junta resolvió conceder 3,6 millones a UGT para el servicio de orientación laboral Andalucía Orienta. Tras la aprobación de unas bases en las que se beneficia a las organizaciones multiprovinciales en detrimento de las uniprovinciales (como los ayuntamientos), a UGT se le adjudicaron unidades por valor de 4,5 millones. El propio sindicato renunció a decenas de estas unidades para finalmente quedarse con una subvención de 3,6 millones, aún a la espera de confirmación definitiva. La Junta ha defendido que, pese al escándalo de las facturas falsas por las que (por coincidencia) se le reclaman por el momento otros 3,6 millones de euros, el sindicato tiene derecho a presentarse a esta convocatoria y a recibir la subvención.

De hecho, la dirigente popular reclamó a Susana Díaz, ante su visita a Bruselas esta semana, que acuda con los "deberes resueltos" en lo que respecta a las irregularidades detectadas en los fondos europeos manejados por UGT.

"Si no lo hace se tendrá que presentar con la cabeza gacha tras el tirón de orejas que le ha dado Europa al cortar el grifo de las subvenciones a UGT por la falta de control del Gobierno andaluz", remarcó Corredera tras criticar que en Andalucía "no se le corta ese grifo" al sindicato.

La Consejería de Presidencia ha señalado que el recorte en la línea de ayudas a estas asociaciones y ayuntamientos se debe al cumplimiento del objetivo de déficit y aseguró que se retomarán en cuanto se recupere la economía. "No es una derogación, es una suspensión", precisaron. Con esta línea de ayudas se han venido beneficiando una gran cantidad de asociaciones de muy diversa tipología, con cantidades que han llegado a superar los dos millones de euros en conjunto.