Andalucía

El PP prepara un recurso contra la "ruinosa" venta de 70 inmuebles de la Junta

  • Los edificios se venden a una gestora de fondos americana para ser alquilados de nuevo

El PP-A anunció ayer que prepara la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Junta de vender 70 edificios públicos de su propiedad por 300 millones a la gestora de fondos WP Carey, una operación que ha calificado de "ruinosa" y de "pérdida" de patrimonio público.

La venta a la gestora de fondos WP Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes, representa -según la Junta- una cifra ligeramente superior a la previsión de ingresos por enajenación de inmuebles fijada en el Presupuesto para 2014, que era de 292 millones.

La operación se cerró bajo la fórmula de sale and leaseback, lo que va a permitir a la Junta de Andalucía obtener liquidez sin renunciar al uso administrativo de los edificios ya que, en la misma operación de venta, se ha acordado el arrendamiento de los inmuebles enajenados por un plazo de 20 años. La Junta abonará por este alquiler 23,6 millones de euros anuales.

Sin embargo, el portavoz en Economía del grupo del PP-A, Rafael Carmona, denunció en rueda de prensa que se trata de una operación que "malvende" edificios públicos para ajustar el déficit de la Junta.

"Se ingresan 300 millones a corto plazo pero vamos a tener que pagar más de 600 millones a largo plazo a quien se queda con los activos", denunció.

Carmona cuestionó que los distintos acuerdos del Consejo de Gobierno para posibilitar la operación supongan una "renuncia" al fuero territorial español o autonómico, "tal y como regula la ley", y explicó que esta cuestión se dilucidará en la Corte de Londres por las exigencias del comprador de los edificios.

"No se debe hacer esta operación. Es una operación de tirar el dinero, de tirar los activos. Esto está bien para empresas privadas porque tienen un juego con los alquileres en su cuenta de gasto, de resultados, pero la administración pública no es una empresa aunque los socialistas crean que es su empresa", censuró.

Rafael Carmona avanzó que su formación está preparando un recurso contencioso-administrativo para "detener" una operación que "no soporta" ningún tipo de análisis y que supone en la realidad una "privatización".

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