El PSOE-A carga contra el macroconcurso que prepara la Junta de Andalucía para privatizar el asesoramiento legal a las empresas públicas, mediante un contrato que supera los 10,1 millones de euros, una decisión que para los socialistas andaluces supone una “tropelía”. El portavoz adjunto del grupo parlamentario del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha asegurado en declaraciones a este periódico que no entiende la “animadversión del PP” hacia los “excelentes profesionales del derecho, de muy alto nivel, de trayectoria acreditada y que conforman un cuerpo con autonomía propia y con independencia política” que conforman el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

A juicio del portavoz socialista, “quizás al PP le estorba” que estos profesionales ofrezcan “seguridad jurídica, lo que pone en cuestión muchas decisiones políticas que está tomando el gobierno de la derecha, y por eso prefieren sustituirlos por grandes despachos de abogados”, aseveró Jiménez Barrios.

Para el PSOE-A, la contratación de despachos profesionales demuestra la “desconfianza de este gobierno en los servicios públicos” y esta privatización “hace presagiar grandes conflictos jurídicos y éticos con las incompatibilidades e incluso podrá haber quien se sienta agraviado o congraciado según el despacho profesional que lleve sus asuntos, sea o no uno de los que trabaje para la Junta”.

Además, el Gobierno andaluz está introduciendo una “peligrosa mezcla entre lo privado y lo público, sin límites ni reglas claras, y dando pie por tanto a que los intereses particulares intervengan en los asuntos públicos de forma inexplicable y generando inseguridad jurídica”. Esto lleva al portavoz adjunto de los socialistas andaluces a plantearse algunas cuestiones:“¿Se abstendrán estos despachos de participar en procedimientos de contratación de proyectos públicos, de participar en los grandes proyectos inmobiliarios y urbanísticos, cuando se puede dar el caso de representar también a otros clientes? ¿La información privilegiada que le supondrá su conocimiento de asuntos de importancia del ámbito público pueden ponerla al servicio de sus clientes privados? ¿Cómo se protege esto, cómo se limita por ejemplo en asuntos de los ciudadanos con la Agencia Tributaria?”.

La privatización planteada “presagia grandes conflictos jurídicos y éticos”

Y también ésta otra: En caso de discrepancia, “¿prevalecerá el informe de los servicios jurídicos públicos o de los privados?”, se cuestiona Jiménez Barrios, que añade que ese macroconcurso someterá a la Administración a una “tensión innecesaria y violenta en el ámbito jurídico”.

Para el PSOE-A, los planes de la Consejería de Hacienda suponen un “paso más en la estrategia de la derecha para imponer poco a poco su ideario liberal, cuyo sustento está basado en una desconfianza absoluta hacia lo público y una fe ciega hacia lo privado y sus intereses”.

Una estrategia de “ir contaminando paso a paso la administración autonómica” que está “pilotada por el presidente Juanma Moreno y ejecutada por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, mientras el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se ocupa de colonizar la Administración con sus acólitos, y de publicitar indecorosamente el gobierno con el dinero de todos los andaluces”.

Los populares pretenden ensayar en la Junta “el modelo de la derecha más conservadora”

Una estrategia del PP –“Ciudadanos ni está ni se le espera”– que tiene “ejemplos flagrantes:en el decreto 2/2020 de la desregulación de 21 leyes y decretos; en la bajada de impuestos a los más poderosos, o en el desplazamiento de los interventores de la Junta con contratos millonarios de auditorías privadas”, fórmulas que persiguen convertir la Junta en la “principal administración donde experimentar y ensayar un modelo de la derecha más conservadora”.

El PSOE-A exigirá al presidente andaluz que “escuche a los andaluces, que dialogue, que se quite ese disfraz bajo el que pretende hacernos creer que él no es responsable de estas decisiones, cuando está en su mano frenar toda esta tropelía”, concluyó.