No fue hasta ayer cuando el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), rescató la propuesta anunciada el pasado agosto de pagar la luz y el agua a los colectivos en riesgo de exclusión. Con un texto de los Presupuestos de la Junta para 2014 aprobado por el Consejo de Gobierno e iniciado su recorrido parlamentario, Valderas se descolgó con la propuesta de "rescatar" 20 millones de euros de otras políticas autonómicas para destinarlas a este fin. El portavoz parlamentario del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, rebajó las expectativas del vicepresidente y dijo que la idea "está en estudio".

¿Por qué no fue hasta ayer que Valderas recuperó su promesa? Puede deberse a la estrategia de IU de mantener abierto el debate de Presupuestos hasta que se aprueben a finales de diciembre. O a que el PSOE se la birló el pasado fin de semana en su Conferencia Política. O pudo deberse al espacio en el que Valderas realizó el anuncio, en un foro celebrado en un lujoso hotel sevillano y presentado por el que es su sustituto en IU, el coordinador general de la formación, Antonio Maíllo.

Valderas necesitaba un titular para tanto boato y rescató el anuncio de agosto aderezado con una previsión de gasto y beneficiarios. Completó que esta medida estará vinculada a los actuales perceptores del salario social, un recurso del que dispone la Junta para aquellas personas que se han quedado sin otros ingresos. Valderas señaló que con este decreto ley se garantizará "el establecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día", lo que supone un consumo de 3.000 litros al mes a los perceptores del salario social. Para los que además sean titulares de un contrato de suministro eléctrico se garantizarán 1.400 kilovatios al año, con lo que se "cubrirán parte de las necesidades esenciales estimadas en 2.519 kilovatios anuales". Valderas señaló que sólo entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, según los datos de los distribuidores de energía eléctrica, se han ejecutado 510.864 cortes de luz en hogares andaluces.

El salario social (o Ingreso Mínimo de Solidaridad) establece una paga de entre 400 y 645 euros mensuales dependiendo del número de miembros de la unidad familiar y con una vigencia de seis meses. Hasta la semana pasada lo habían pedido 54.181 andaluces y lo reciben o están en disposición de recibirlo 47.329 personas. Este año la Junta destinó en mayo a través del plan de exclusión social 44 millones adicionales, del que ya se han gastado 28, para completar los 70 millones presupuestados. El número de perceptores ha batido todos los registros desde que esta ayuda se implantó en 1991. El salario social contará el próximo año con 90,6 millones y además se reedita el plan de exclusión con la misma cantidad: 60 millones. De éstos, 40 millones van dirigidos a hacer contratos de parados en ayuntamientos y 20 al refuerzo de la ayuda a domicilio.

Los 20 millones adicionales que ahora propone Valderas, con el apoyo de IU y el recelo del PSOE, se intentarían sacar de otras partidas o de nuevos ingresos, una puerta que hace meses cerró el PSOE pero que IU insiste en mantener abierta.

IU ha relegado la reivindicación histórica de contar con una Renta Básica, un derecho recogido en el Estatuto andaluz. También de la reforma de la Ley de Servicios Sociales de 1988, empantanada desde hace legislaturas y que vincula la percepción de un salario social a un itinerario sociolaboral. Pero los responsables de la Junta se inclinan hacia medidas coyunturales (de mayor calado mediático) que hacia un plan estructural para luchar contra la exclusión social.

El portavoz socialista afirmó que en estos momentos se está estudiando y no hay aún "ni datos ni certezas" de cuántas personas se encuentran en esa situación. La coordinadora de Política Municipal del PP-A, Carolina González Vigo, calificó ayer de "engaño" la propuesta y aseguró que "no conozco a ningún alcalde o alcaldesa que no garantice la luz y el agua a quien lo necesita".